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Asamblea Ejidal Busca Dejar sin Efecto Documento Agrario Obtenido Bajo Presunta Presión a Comisariados Ejidales

*En el Ejido Toquián Grande.

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto del 2026.- La Asamblea General del Ejido Toquián Grande y Pabencul acordó solicitar la intervención del Gobierno del Estado para dejar sin efectos un documento firmado el pasado 10 de julio ante el Tribunal Unitario Agrario, al considerar que fue suscrito por las autoridades ejidales bajo presunta presión y sin el respaldo de los 439 ejidatarios que integran el núcleo agrario.
Durante una reunión extraordinaria, el comisariado ejidal, Eduardo Bartolomé Pérez, acompañado por integrantes del Consejo de Vigilancia y decenas de ejidatarios, afirmó que los acuerdos asentados por el Magistrado rebasan las facultades del Tribunal, al incluir temas que, aseguran, corresponden exclusivamente a las decisiones internas de la asamblea, como el pago de una multa, el restablecimiento del servicio de energía eléctrica y otros asuntos administrativos del ejido.

Los representantes señalaron que, previo a la firma del documento, advirtieron al Magistrado sobre las posibles consecuencias legales y sociales que enfrentarían al regresar a la comunidad. Sin embargo, sostienen que fueron persuadidos para firmar y sellar el acta con la promesa de que no existirían repercusiones.
Tras conocer el contenido del documento, la Asamblea General determinó desconocer los acuerdos alcanzados y elaborar una nueva acta en la que manifiesta su rechazo total al convenio, argumentando que nunca fue sometido a consideración ni aprobado por los ejidatarios.
Los inconformes solicitaron al Delegado de Gobierno la apertura urgente de una mesa de diálogo con la participación del Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria y la Fiscalía, con el propósito de revisar el caso y evitar que el conflicto escale. Asimismo, pidieron que la audiencia pueda realizarse de manera inmediata en la Unidad Administrativa de Tapachula.
El Consejo de Vigilancia advirtió que existe preocupación entre los habitantes porque el documento podría derivar en acciones legales contra el comisariado ejidal y otros integrantes de la representación agraria. Además, insistió en que las sanciones económicas impuestas previamente a una de las partes involucradas fueron acordadas por la Asamblea y no guardan relación con el litigio sobre la posesión de tierras.
Aunque durante la reunión algunos participantes expresaron su temor por una posible reacción de los habitantes, las autoridades ejidales hicieron un llamado a privilegiar el diálogo institucional y la intervención de las autoridades competentes para evitar confrontaciones y encontrar una solución conforme a derecho.
La Asamblea reiteró que las decisiones sobre los asuntos internos del ejido deben emanar de la voluntad colectiva de los ejidatarios y no de acuerdos que, afirman, fueron obtenidos bajo presunta presión hacia sus representantes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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