Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto de 2026.- Los cobros excesivos, la falta de inventarios y el deterioro de vehículos que permanecen bajo resguardo en corralones particulares han generado preocupación entre automovilistas de Chiapas, quienes enfrentan elevados gastos para recuperar sus unidades después de un accidente o infracción vial.
El abogado Manuel de Jesús Márquez advirtió sobre la necesidad de revisar la operación de estos establecimientos, y señaló que las autoridades locales deben asumir las responsabilidades que les corresponden en materia de tránsito y vialidad, conforme al marco constitucional.
Uno de los principales problemas, expuso, son las cuotas de arrastre, maniobras y piso, que pueden acumularse durante los días que una unidad permanece en el encierro. En determinados casos, la cantidad exigida para liberar un automóvil llega a representar una carga económica difícil de cubrir para las familias.
A esta situación se suma la falta de inventarios detallados al momento del ingreso. El especialista señaló que, cuando no existe un documento que certifique las condiciones en que fue recibido el vehículo, resulta más complicado determinar responsabilidades ante la eventual desaparición de herramientas, accesorios o autopartes.
También cuestionó las condiciones en que permanecen algunas unidades, debido a que la exposición prolongada al sol, lluvia y humedad puede ocasionar daños adicionales en carrocería e interiores, incrementando las pérdidas para los propietarios.
Consideró necesario que las autoridades competentes fortalezcan la supervisión de estos establecimientos, revisen sus esquemas de cobro y establezcan mecanismos que garanticen mayor transparencia en el ingreso, permanencia y liberación de los automóviles.
El llamado, dijo, es para que los municipios ejerzan plenamente sus atribuciones y generen reglas claras que protejan a los usuarios, además de evitar que una situación derivada de un accidente o infracción termine convirtiéndose en una deuda que obligue al propietario a renunciar a su vehículo.
Ante este escenario se plantea la necesidad de establecer tarifas reguladas, inventarios obligatorios y mecanismos de vigilancia, con el propósito de brindar certeza jurídica a los ciudadanos y evitar posibles abusos en los corralones de Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista




