Ciudad de México .- Organizaciones civiles de defensa de la población migrante recurrieron al Poder Judicial de la Federación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las expulsiones masivas realizadas a través de, por lo menos 34 vuelos, como “una estrategia cruel de los Gobiernos de Estados Unidos y México para contener la migración”, hechos en los que se considera como responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión, así como a funcionarios de dependencias federales vinculadas al tema migratorio.
En un pronunciamiento las organizaciones Asylum Access México, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), informaron que el 25 de Agosto presentaron una queja ante la CNDH, en tanto que solicitaron dos amparos indirectos ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, segundo en Tabasco y el séptimo en la Ciudad de México, los días 26 de Agosto y el 3 de Septiembre.
Se llevaron a cabo estas acciones legales y ante el organismo público de derechos humanos, luego de que el 2 de Agosto se registraron vuelos que provenientes de Estados Unidos que se dirigieron al sur de México “con personas migrantes y con necesidad de protección expulsadas de territorio estadunidense bajo el Titulo 42”.
Explicaron que los recursos presentados, alertan sobre “cómo el gobierno de México realiza deportaciones ilegales (masivas y ‘en caliente’), de madrugada y por puntos no establecidos así como devoluciones en cadena, en las que las personas son expulsadas desde Estados Unidos a aeropuertos del sur (Chiapas y Tabasco) y centro del país (Jalisco, Ciudad de México y otras) para después ser trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, sin recibir información sobre la posibilidad de solicitar protección a México”.
Al destacar que las quejas y los amparos consideran que del 5 al 31 de agosto se registraron 34 vuelos procedentes de Estados Unidos, las organizaciones insistieron que esa estrategia viola la legislación nacional e internacional en materia de debido proceso y asilo; no considera el interés superior de la niñez ni la perspectiva de género, así como el principio de no devolución, contemplado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, de la que México es parte; y contra la prohibición de expulsar a las personas con necesidades de protección internacional al país del que escaparon y donde sus vidas corren riesgo.
Tanto la queja como los amparos, se tramitaron en contra del INM, la Guardia Nacional, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM, el Congreso de la Unión, la secretaría de Relaciones Exteriores y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apro
