*Afirma el INPI.
Juchitán, Oax.; 26 de Noviembre.- La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Oaxaca sobre la disputa por Los Chimalapas es «definitiva y cosa juzgada en el ámbito jurídico mexicano», considera Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Lo anterior lo expresa el funcionario federal en entrevista con EL UNIVERSAL luego de que ejidatarios chiapanecos, sobre todo del poblado Rafael Cal y Mayor, se pronunciaron en contra del fallo y anunciaron que se acogerán al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al respecto, Regino Montes explica que cualquier queja en el ámbito internacional, está fuera del orden jurídico de México.
Según Regino Montes, la sentencia de la SCJN ratificó que los límites entre ambas entidades empiezan desde el lado sur en Barra de Tonalá y concluyen en el norte en el Cerro de los Martínez, pasando por el Cerro de la Jineta, pero no aborda el tema agrario, que «tienen que resolver los pueblos vecinos mediante una estrategia de diálogo».
Y recuerda que entre los años 1991 a 1993, los comuneros de Oaxaca emprendieron una campaña de conciliación de «campesino a campesino» con sus pares ejidatarios de Chiapas, para establecer la paz en la zona. «Creo que esa deberá ser la estrategia en esta ocasión para garantizar la concordia entre los pueblos vecinos».
Maniobra Chiapaneca.
El 8 de Noviembre de 2011, los entonces gobernadores de Chiapas y Oaxaca, Juan Sabines y Gabino Cué, sostuvieron un encuentro con el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, quien les pidió poner fin a las hostilidades en la zona.
Esto luego de diversos hechos que tensaron la convivencia entre comunidades vecinas de ambas entidades, como bloqueos de carreteras federales, la incursión de chiapanecos que se apropiaron de casi 3 toneladas de resina y la retención del ganadero Humberto Luna, por parte de pueblos chimalapas.
Fue en ese contexto de violencia, recuerda el expresidente del consejo de vigilancia y actual edil de San Miguel Chimalapa, Francisco Gutiérrez Sánchez, que el Gobernador de Chiapas «pretendió arrinconarnos enviando su iniciativa al Congreso, para crear el municipio de Belisario Domínguez, el 23 de noviembre de 2011».
Para entonces, Blake Mora había fallecido (tres días después de reunirse con Sabines y Cué) en un accidente aéreo, por lo que al frente de la Segob quedó Alejandro Poiré, quien, el 20 de diciembre de ese año, suscribió el Acuerdo de distensión para garantizar la paz y la tranquilidad en la zona limítrofe, mismo que quedó olvidado.
Belisario Domínguez se asentó en tierras del ejido Rodulfo Figueroa, que nació en 1966, con poco más de 2 mil hectáreas, pero, de acuerdo con las denuncias de los zoques, con el paso de los años, los ejidatarios ampliaron ilegalmente su posesión.
Según el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, la ruta de Rodulfo Figueroa a Rizo de Oro, Chiapas, fue usada durante años para llevarse la madera saqueada de Los Chimalapas y así procesarla en cientos de carpinterías de Cintalapa.
Actualmente, con menos de mil habitantes, el ejido Rodulfo Figueroa alberga el edificio de lo que sería el palacio municipal de Belisario Domínguez, que en mayo de 2015 fue quemado por comuneros chimalapas para impedir las elecciones municipales.
Los habitantes de Rodulfo Figueroa pintaron ese palacio poco antes de que la SCJN emitiera su sentencia a favor de Oaxaca, en materia de límites, y anulara con ello el Decreto 008 por el que se creó el municipio de Belisario Domínguez. «Quizá los pobladores esperaban que la resolución de la Corte fuera a favor de Chiapas», comenta García Aguirre. Sun
