Alejandro Hope
En Michoacán, la guerra no se detiene ni en tiempo de pandemia.
El fin de semana pasado, en el municipio de Aguililla, un grupo de pistoleros presuntamente vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación barrió a unos supuestos miembros de los Viagras, una banda criminal local.
De arranque, doce personas fueron asesinadas en un paraje conocido como El Aguaje. Luego, en una barranca cercana, fueron hallados seis cadáveres carbonizados. Y en un rancho próximo, tres individuos más fueron ejecutados. En total, 21 víctimas mortales.
Según reportes de prensa, el grupo de asesinos se trasladó a la región en avionetas desde Ciudad Guzmán y Ocotlán, Jalisco. Es decir, la masacre parece haber sido una operación meticulosamente planeada, no el resultado de un topón fortuito.
Tres días después, en la misma zona, se suscitó otro hecho grave: elementos de la Guardia Nacional fueron presuntamente emboscados por unos hombres armados, tal vez los mismos que protagonizaron la masacre del sábado. El resultado: una balacera de casi una hora, tres militares heridos, dos civiles muertos y dos más detenidos.
No está de más recordar que, en esa misma región, fueron masacrados 14 policías estatales en Octubre. Se trata de uno de los nodos centrales de la disputa de grupos criminales por el control de Tierra Caliente.
A estas alturas, parece casi ocioso preguntar qué pasa en Michoacán. Pasa lo que ha pasado desde hace 15 años como mínimo: hay mucha maña y poco Estado.
Hay una próspera economía ilegal, fundada en la producción y tráfico de metanfetaminas, pero también en la extorsión, el secuestro y el robo.
Hay además polvos de los lodos de las múltiples y fallidas intervenciones federales del pasado. Más significativamente, la de 2014: en ese año, ante el ascenso de las llamadas autodefensas y su conflicto con los Caballeros Templarios, el Gobierno lanzó un amplio operativo en Michoacán. A diferencia de intervenciones previas, las fuerzas federales, bajo el liderazgo de Alfredo Castillo, el hombre designado por Peña Nieto para pacificar Michoacán, tejieron una alianza explícita con los grupos de autodefensa para aplastar a los Templarios. Con indudable éxito: para 2015, prácticamente todo el liderazgo templario había sido capturado o abatido.
Pero el costo fue empoderar a los grupos que se presentaban como autodefensas y que eran criminales embozados. De ese embrión, surgieron los Viagras. Y en ese espacio, se metió el CJNG, muchos de cuyos líderes (empezando por Nemesio Oseguera) son michoacanos.
Para cuando las autoridades estatales intentaron reaccionar, tratando de desarmar a lo que quedaba de las autodefensas, ya era muy tarde: la guerra estaba en marcha y el Estado estaba ausente.
Y así seguimos varios años después: con un conflicto que se ha extendido fuera de los confines de Tierra Caliente, con un Gobierno Estatal desprovisto de recursos e ideas, y con autoridades federales que no se les ocurre mejor respuesta que hacer lo que ya se ha hecho varias veces: desplegar a más soldados, aunque ahora se les diga Guardia Nacional.
Tal vez, esto pueda empezar a cambiar cuando los michoacanos elijan a un nuevo gobernador el año que entra. Puede ser, pero tengo mis dudas. Sun
