* Afecta a Diversos Sectores.
Tapachula, Chiapas; 03 de Diciembre del 2022.- La extorsión semanal a cambio de perdonarles la vida a sus víctimas, llamada popularmente «cobro de piso» o «impuesto de guerra» y que ha superado al narcotráfico en ganancias en varios países de Centroamérica, ha extendido su centro de operación en México y ahora sus principales blancos son los productores del campo, transportistas, gasolineras, profesionistas y comerciantes.
Para ejemplo de lo que ocurre en el sector agrícola están los productores de aguacate, donde México es uno de los más importantes del mundo. A ellos, el crimen organizado les ha empezado a cobrar un Peso por cada kilo exportado.
Pareciera que no es una suma de la que habría que preocuparse, pero los números en global dicen otra cosa. Y es que solo las exportaciones que Michoacán hace hacia los Estados Unidos -por ejemplo- son de alrededor de 1.4 millones de toneladas cada año, entonces el «cobro de piso» en ese lugar es de mil 400 millones de Pesos al año, que es una cifra mayor a lo que se paga de impuestos por esos envíos.
Se estima que el pago se debe de realizar de manera mensual sin excusa ni pretexto por parte de las 82 empacadoras en esa entidad, sin contar con lo que ocurre en otros Estados.
Mientras que en las gasolineras, según la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), hay lugares en donde la delincuencia organizada les llegan a pedir a cada empresa de ese tipo, hasta cien mil Pesos mensuales; es decir, 1.2 millones de Pesos anuales para permitirles trabajar.
La gran mayoría de las víctimas no se atreven a denunciar los hechos por temor a ser asesinados o a sus familiares. Aún así, del 2018 a la fecha, en México se ha pedido la intervención formal de las autoridades en 40 mil 146 casos. De ellos, 7 mil 904 fueron en los primeros nueve meses del 2022.
En el caso de Tapachula y el resto de los municipios de la Costa de Chiapas, los transportistas han sido el principal blanco de los extorsionadores -con acento centroamericano- quienes ya han asesinado a varios choferes que se han resistido al pago semanal para dejarlos trabajar.
Por lo mismo, algunos trabajadores del volante y concesionarios han interpuesto sus denuncias ante las autoridades, incluso han paralizado miles de unidades como una medida de protesta.
Se sabe que ese flagelo se ha extendido en contra de comerciantes, empresarios y profesionistas en dos modalidades. La primera a través de llamadas telefónicas que las mismas autoridades han señalado se realiza desde el interior de diversas cárceles en el país; y la otra, en la que los hampones realizan la amenaza directamente. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
