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El Caso Xóchitl Gálvez: Ignorar al Poder Judicial

Maite Azuela

AMLO. 5 de diciembre 2022: «Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores […]»
Xóchitl Gálvez. 5 de diciembre 2022: solicita por escrito el derecho de réplica a la Presidencia de la República por los dichos del presidente.
AMLO. 6 de diciembre 2022: «que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer; si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite […]»
Poder Judicial de la Federación. 6 de junio 2023: «La concesión del amparo es para el efecto de que el Presidente de la República conceda el derecho de réplica a Xóchitl Gálvez Ruiz, durante la transmisión de la conferencia mañanera –al ser éste el mismo medio a través del cual publicó información inexacta– en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6° de la Constitución Política, en materia de Derecho de Réplica».
La senadora se presentó el lunes a Palacio Nacional con la intención de ejercer su derecho de réplica. Pero no fue así, a Gálvez no se le permitió entrar al Palacio Nacional y el presidente afirmó durante la conferencia de ese mismo lunes que no permitiría a la senadora el derecho de réplica.
¿A qué le apuesta el Presidente de la República? ¿A ganarle a Xóchitl Gálvez en una segunda instancia? No parece ser así.
¿Qué pasará si una segunda instancia confirma que se le debe garantizar a Gálvez el derecho de réplica en la tribuna presidencial? ¿El presidente seguirá negándose? He aquí la gravedad del asunto: el presidente estaría incumpliendo una sentencia de amparo y eso, según los abogados consultados por esta columna, podría implicar responsabilidades directas al presidente contempladas en la propia Ley de Amparo.
Apenas esta semana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió consignar a dos funcionarios de la Fiscalía General de la República por haber incumplido una sentencia de amparo.
Desafortunadamente, el presidente y su equipo de comunicación deciden no cumplir la primera llamada del Poder Judicial. Ojalá alguien le haga entender que los manotazos que da en su partido –recientemente a las corcholatas– no puede darlos al resto de la población, mucho menos habiendo una orden judicial de por medio. La palabra de la otredad merece ser escuchada. Sun

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