Por Ernesto L. Quinteros
Eliminar Retenes Carreteros; Una Demanda Añeja de Sectores Productivos de la Región Soconusco
La reciente determinación de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa de prohibir la instalación de retenes no autorizados en la región del Soconusco es una decisión que merece respaldo, pero también una vigilancia constante por parte de la ciudadanía. En una zona históricamente golpeada por la inseguridad, la migración y el intenso tránsito comercial, la línea entre seguridad y abuso de poder ha sido durante años peligrosamente difusa.
Este pronunciamiento no surge de manera aislada. Obedece también a una exigencia añeja de sectores productivos, cámaras empresariales, colegios profesionales y organizaciones comerciales que, desde hace tiempo han denunciado la proliferación de retenes irregulares utilizados presuntamente para la extorsión, el hostigamiento y la intimidación, particularmente contra transportistas, productores agrícolas y comerciantes que circulan diariamente por las carreteras del Soconusco.
El anuncio del fiscal Juan Daniel Cerrillo Huerta responde a una realidad conocida por quienes mueven la economía regional: retenes improvisados, operativos sin identificación clara y revisiones que, lejos de generar tranquilidad, provocan temor, retrasos y, en no pocos casos, cobros ilegales disfrazados de actos de autoridad. Cuando un punto de revisión carece de respaldo legal deja de ser una herramienta de seguridad y se transforma en un riesgo latente para la población.
Garantizar el libre tránsito no es un privilegio, es un derecho constitucional. Sin embargo, en regiones estratégicas como el Soconusco este derecho ha sido vulnerado de forma recurrente bajo el argumento de la “prevención del delito”. El problema no es la vigilancia, sino la normalización de prácticas irregulares sin reglas claras, sin coordinación institucional y sin rendición de cuentas.
La aclaración de que ninguna autoridad municipal puede instalar retenes de manera unilateral resulta fundamental. Durante años, muchos ayuntamientos han tolerado o impulsado medidas improvisadas que terminan afectando directamente a quienes sostienen la economía local. Un retén ilegal no sólo es una falta administrativa, es un factor de incertidumbre jurídica que ahuyenta inversiones y debilita la confianza en las instituciones.
El contexto reciente refuerza la pertinencia de esta medida. En fechas recientes, en esta región fronteriza fueron detenidos falsos elementos de seguridad que operaban retenes apócrifos y extorsionaban a visitantes procedentes de Guatemala, evidenciando el grave riesgo que representa permitir puntos de revisión sin control ni supervisión. Estos hechos confirmaron lo que los sectores productivos han advertido durante años: la ausencia de regulación abre la puerta a la delincuencia y a la usurpación de funciones públicas.
Resulta positivo que se reconozca la necesidad de reducir al mínimo los puntos de revisión y que cualquier operativo esté plenamente justificado y coordinado entre los tres niveles de gobierno. La seguridad pública no puede depender de ocurrencias ni de intereses particulares, requiere estrategia, legalidad y respeto a los derechos humanos.
No obstante, el verdadero reto será su cumplimiento. En el pasado, anuncios similares se diluyeron por la falta de supervisión y sanciones ejemplares. De poco sirve prohibir retenes irregulares si estos continúan operando con impunidad en caminos rurales o tramos poco vigilados. El llamado a denunciar es necesario, pero debe ir acompañado de respuestas inmediatas, transparentes y contundentes.
El Soconusco es frontera, corredor comercial y zona agrícola clave para Chiapas y el país. Afectar su tránsito con retenes ilegales no sólo vulnera derechos individuales, también daña la economía y la estabilidad social. Combatir estas prácticas no es opcional: es una condición indispensable para fortalecer el Estado de derecho.
La seguridad no puede construirse desde el abuso ni desde la ilegalidad. Si el objetivo es proteger a la población y prevenir delitos, las autoridades deben empezar por cumplir la ley que están obligadas a hacer valer. Hoy, la Fiscalía ha marcado una ruta clara ahora corresponde a las instituciones y a la sociedad vigilar que no quede en el discurso y se traduzca en carreteras verdaderamente seguras, legales y libres para todos.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!
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