Por Ernesto L. Quinteros
Tortilla Cara, Campo Pobre: la Contradicción que Nadie Resuelve
En México, hablar del precio de la tortilla es tocar una fibra sensible que mezcla economía, política y sobrevivencia. No es cualquier producto: es la base alimentaria de millones de familias. Por eso, cada vez que surge la posibilidad de un incremento, el debate se enciende. Pero detrás de la discusión mediática, hay una realidad mucho más compleja… y profundamente desigual.
Hoy, mientras a nivel nacional líderes del sector discuten si es o no necesario aumentar el precio del kilo de tortilla, lo cierto es que la cadena productiva está fracturada. Por un lado, industriales argumentan que los costos acumulados en los últimos tres años —energía, papel, refacciones, impuestos— han llevado al límite la rentabilidad del negocio. Por otro, hay quienes aseguran que no existe justificación inmediata para subir precios, sobre todo cuando el maíz se mantiene en niveles relativamente bajos.
Pero el verdadero problema no está en quién tiene la razón en ese debate técnico. El problema es estructural.
Porque mientras los tortilleros pelean por sobrevivir y los consumidores temen un golpe más a su bolsillo, los productores de maíz —los que están en el origen de todo— siguen siendo los grandes olvidados del sistema.
En regiones como el Soconusco, la realidad es cruda: el maíz se paga a precios que apenas alcanzan para recuperar la inversión. En el último ciclo, hubo productores que vendieron su cosecha en alrededor de 4 mil 200 pesos la tonelada… o menos. Una cifra que, en muchos casos, ni siquiera cubre los costos de producción.
¿Dónde está entonces la lógica del mercado?
¿Cómo es posible que el producto final sea motivo de disputa por incrementos, mientras el insumo base se paga a precios que empobrecen al campo?
La respuesta está en una cadena de valor profundamente desordenada, donde los intermediarios juegan un papel determinante. Son ellos quienes, en muchos casos, capturan las mayores ganancias, dejando márgenes mínimos tanto para productores como para pequeños industriales. Una distorsión que el propio sector reconoce, pero que nadie ha logrado corregir de fondo.
A esto se suma otro factor igual de preocupante: la competencia desleal. Negocios informales que operan sin cumplir normas, sin pagar impuestos y sin controles de calidad, saturan el mercado y presionan a la baja los precios, afectando a quienes sí cumplen con la ley. Y aquí, nuevamente, la autoridad brilla por su ausencia.
Porque sí, se habla mucho de la Profeco, pero su margen de acción es limitado. No fija precios. No regula el mercado. Solo verifica básculas y exhibición de costos. Es decir, observa… pero no corrige.
Y mientras tanto, el campo sigue esperando.
Muchos productores aún recuerdan con nostalgia los tiempos en que existían mecanismos como la Conasupo, que garantizaban precios de garantía y daban cierta estabilidad al sector. Hoy, esa figura desapareció, y en su lugar quedó un mercado abierto que, en teoría, debía generar competencia y mejores condiciones. En la práctica, lo que generó fue vulnerabilidad.
La ironía es evidente: México discute si la tortilla debe subir uno, dos o cuatro pesos, mientras quienes producen el maíz siguen atrapados en un ciclo de pobreza.
Y esto no es solo un tema económico. Es un tema social.
Porque cuando el campo se empobrece, se rompe el tejido productivo. Se abandona la tierra. Se incrementa la migración. Se debilita la seguridad alimentaria. Y al final, el costo lo paga todo el país.
Por eso, el debate no debería centrarse únicamente en si sube o no el precio de la tortilla. Debería enfocarse en cómo construir una cadena más justa, donde el productor reciba un pago digno, el industrial tenga condiciones reales de operación y el consumidor no sea el que termine absorbiendo todas las distorsiones del sistema.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!
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