Cacahoatán: Entre “Moches” y Abandono, el Costo Real de la Opacidad
Ernesto L. Quinteros
En Cacahoatán, la obra pública -que debería ser motor de desarrollo y bienestar- hoy está bajo sospecha. Empresarios del sector de la construcción han encendido las alertas al denunciar presuntos “moches” de hasta el 30% para acceder a contratos, una práctica que, de confirmarse, no solo sería ilegal, sino profundamente lesiva para el tejido social y económico del municipio.
El problema no es menor. Cuando una empresa se ve obligada a destinar casi una tercera parte del presupuesto a pagos indebidos, el impacto es inmediato: obras de menor calidad, materiales más baratos, tiempos de ejecución comprometidos y, en consecuencia, infraestructura deficiente para la ciudadanía. Lo que en papel se presenta como inversión pública, en la realidad se traduce en calles mal pavimentadas, drenajes ineficientes o sistemas de agua que no funcionan.
Mientras tanto, el alcalde de este municipio fronterizo, Víctor Pérez Saldaña anda más preocupado por tratar de impulsar como aspirante a la alcaldía a su hermano, Diego Saldaña, y perpetuarse en el poder.
Pero hay un elemento aún más preocupante: la normalización. Los propios constructores advierten que algunas empresas, principalmente foráneas, aceptan estas condiciones. Esto no solo perpetúa el problema, sino que distorsiona la competencia, dejando fuera a quienes se niegan a participar en prácticas irregulares. Así, el sistema termina premiando la corrupción y castigando la legalidad.
Las cifras agravan el panorama. Más de 214 millones de pesos provenientes de fondos federales como el FAISMUN y el FORTAMUN están destinados a mejorar la infraestructura y los servicios básicos en el municipio. Sin embargo, la percepción ciudadana es otra: colonias sin agua potable, calles en mal estado, deficiencias en alumbrado público y una seguridad que no logra responder a las necesidades actuales.
Aquí surge la pregunta obligada: ¿dónde está ese dinero? Porque cuando los recursos existen pero los resultados no, el problema no es financiero, es de gestión… o de algo más grave.
La opacidad en el manejo de estos fondos no solo erosiona la confianza en las instituciones, también tiene consecuencias directas en la economía local. Sin infraestructura adecuada, no hay inversión; sin servicios básicos, no hay desarrollo; y sin transparencia, no hay certeza para quienes buscan generar empleo y crecimiento.
A esto se suma la percepción de un gobierno distante. Empresarios y ciudadanos coinciden en señalar la falta de atención por parte de las autoridades municipales, lo que alimenta el descontento y la sensación de abandono. En un contexto donde la rendición de cuentas debería ser prioridad, la ausencia institucional se vuelve un mensaje preocupante.
Cacahoatán enfrenta hoy un dilema claro: continuar en la inercia de la opacidad o corregir el rumbo hacia una gestión transparente y eficiente. Porque la obra pública no es un negocio privado ni un espacio para intereses particulares; es una herramienta para transformar realidades.
La exigencia no es excesiva: claridad en el uso de los recursos, reglas justas para todos y resultados visibles para la población. Lo contrario no solo compromete el presente, sino que hipotecará el futuro de un municipio que, pese a contar con recursos, sigue esperando desarrollo.
Coordinación para Fortalecer Seguridad.
El Operativo Blindaje Tapachula refleja un trabajo institucional sólido entre los tres niveles de Gobierno en Tapachula, fortaleciendo la presencia preventiva y la capacidad de respuesta en zonas estratégicas.
Este tipo de coordinación no solo inhibe conductas delictivas, también genera confianza en la ciudadanía y condiciones más seguras para la actividad social y económica. Mantener estos esfuerzos, con evaluación constante y cercanía con la población, será clave para consolidar resultados duraderos y avanzar hacia un entorno más estable y seguro.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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