Stephanie Henaro
El avión que llevó al «Mayo» Zambada a Estados Unidos despegó cuando Joe Biden estaba en la Casa Blanca y Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Conviene recordarlo porque sería demasiado fácil convertir esta historia en otro capítulo de Donald Trump. No lo es. Cuando Ismael Zambada desapareció de México y apareció detenido al otro lado de la frontera, Trump no gobernaba Estados Unidos.
Casi dos años después, aquel avión ha terminado convertido en pieza de museo y México vuelve a preguntar quién organizó realmente el viaje.
La imagen es extraña. Para México, la aeronave puede ser la prueba material de una intromisión. Para Estados Unidos, parece un trofeo.
Tampoco sería la primera vez.
En 1990, Humberto Álvarez Machain fue secuestrado en Guadalajara y llevado a Estados Unidos. México protestó. El caso llegó hasta la Suprema Corte estadounidense y dejó una pregunta que nunca terminó de desaparecer: ¿qué ocurre cuando Washington decide que una amenaza dentro de México también le pertenece?
Treinta y cuatro años después, «El Mayo» volvió a cruzar la frontera en circunstancias que México todavía no puede explicar.
Los presidentes cambian. La geografía permanece.
Sinaloa es el epicentro, pero Chihuahua ya produce ecos. La muerte accidental de dos agentes de inteligencia estadounidenses reveló ahí una presencia que México no sabía -o no había dicho- hasta dónde llegaba. Después llegó la acusación estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta semana, Washington volvió a ofrecer diez millones de dólares por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
Otra vez Sinaloa.
No como anécdota. Como patrón.
En 2021, el entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VanHerck, calculó que las organizaciones criminales transnacionales operaban en áreas «frecuentemente ingobernables» que abarcaban entre 30 y 35 por ciento del territorio mexicano.
López Obrador rechazó la afirmación.
La cifra podía discutirse. El mapa mental que revelaba era más difícil de ignorar.
Washington no estaba mirando solamente cárteles. Estaba mirando territorio.
El problema no es que Estados Unidos crea controlar una tercera parte de México. Es más inquietante: cree que México no la controla.
Trump no inventó ese mapa. Lo heredó.
Heredó los precedentes, las redes de inteligencia y la idea de que existen zonas al sur de la frontera donde nacen amenazas que Washington considera propias. Lo que ha cambiado es la escala.
Los cárteles ahora son organizaciones terroristas. El fentanilo es un asunto de seguridad nacional. La frontera ya no termina en la línea fronteriza porque las amenazas tampoco empiezan ahí.
México sigue discutiendo cada episodio por separado: «El Mayo», los agentes en Chihuahua, Rocha Moya, los hijos del «Chapo». Washington parece estar haciendo algo distinto.
Está uniendo los puntos.
Cuando una potencia identifica amenazas propias dentro del territorio vecino, intenta asegurar algo más que una frontera. Busca profundidad. Corredores. Rutas. Gobiernos aliados. Puntos de acceso. Espacios desde los cuales impedir que otros entren.
México no es el único lugar donde está ocurriendo.
Ahí está la parte del mapa que todavía no estamos mirando.
El caso ya no es un capo. Tampoco es Sinaloa ni Chihuahua.
El caso es el perímetro.
La pregunta, entonces, no es hasta dónde puede llegar Estados Unidos.
Es otra.
¿Dónde termina México cuando Washington empieza a dibujar su seguridad mucho más allá de su propia frontera?
El último en salir, apague la luz. Sun
