Alejandro Hope
Hace dos días, por instrucción presidencial, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, recibió a Florian Tudor, un hombre de nacionalidad rumana, avecindado en Quintana Roo e identificado como empresario en el comunicado oficial que dio cuenta de la reunión.
Hasta allí, todo es normal. La titular de la SSPC probablemente se reúne con cierta frecuencia, a veces por petición de Palacio Nacional, con empresarios e inversionistas.
Pero Florian Tudor no es cualquier empresario. Sobre él pesan graves acusaciones de encabezar un grupo delictivo dedicado a la clonación masiva de tarjetas bancarias. Hay investigaciones abiertas en su contra en México y en el extranjero. De hecho, ya fue detenido en una ocasión y luego liberado.
De acuerdo a un reportaje publicado por Organized Crime and Corruption Reporting Project, un consorcio internacional de periodismo de investigación, Tudor sería la cabeza de una banda dedicada a truquear cajeros automáticos para obtener información de tarjetas bancarias y defraudar a miles de cuentahabientes. El ciudadano rumano ha negado consistentemente las acusaciones y alegado ser víctima de extorsión.
Las autoridades tendrán en su momento que probar las imputaciones en contra de Tudor. Es, en términos de ley, inocente hasta que se le demuestre lo contrario. De cualquier modo, sorprende la deferencia del gobierno hacia un personaje con esa trayectoria. La secretaria Rodríguez alegó que simplemente se le garantizó su derecho de audiencia, como a cualquier otro ciudadano. Añadió que “no somos la persona o la instancia encargada de investigar el caso, está en manos de la fiscalía, no tenemos conocimiento nosotros de una orden de aprehensión hasta ayer, no era una persona señalada para la secretaría.”
Son un poco difíciles de tragar esos razonamientos ¿A cuántas personas en la situación de Tudor ha recibido el titular de la SSPC desde 2018? ¿En cuántos casos el Presidente de la República ha dado una instrucción directa a un integrante del gabinete de que reciba, en cumplimiento del derecho de audiencia, a una persona que está sujeta a investigación por parte de la FGR, la UIF y diversas agencias extranjeras? Puedo apostar a que no son muchos.
Por otra parte, si bien es cierto que la investigación no es liderada por la SSPC, el asunto podría caer en su cancha, ya sea porque se requieran las capacidades de inteligencia de la Guardia Nacional o su músculo para hacer detenciones. Supongo asimismo que la secretaria no necesita de una orden de aprehensión para saber con quién se reúne.
¿Qué hay entonces detrás de esto? ¿Por qué el trato de privilegio a un personaje de reputación cuestionable, por decirlo de algún modo? Ciertamente no es complicidad: si hubiese un arreglo corrupto, no se anunciaría la reunión en la mañanera ni se confirmaría en un comunicado de prensa.
Más bien me parece que esta es una muestra de que el Presidente muchas veces no sabe de qué habla en las mañaneras y simplemente dispara instrucciones sin medir las consecuencias.
Como sea, el asunto no es menor. Para las autoridades que lo investigan, en México y en el extranjero, el mensaje es que Tudor tiene acceso a los primeros niveles de decisión del aparato de seguridad. Y si tiene acceso a esos niveles, la conclusión es que tal vez reciba información más abajo. Eso hace cualquier investigación más difícil.
Lo hecho, hecho está. Pero se puede limitar el impacto negativo si la SSPC transparenta la minuta o las notas de la reunión. O al menos presenta una versión pública.
Y para el futuro, tal vez sería útil no ordenar este tipo de reuniones al calor de la mañanera. Sun
