José Francisco Olvera Ruiz
Es un gran avance que el Congreso de la Unión, aprobara la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que autoriza a los Jueces de Control para ordenar la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, entro otros delitos.
Si bien es apenas una respuesta de las muchas que esperan las mujeres en el país, es una buena medida jurídica, que tiene como propósito, no solo detener a quienes cometan estas faltas graves de manera pronta, sino inhibir conductas que tanto daño hacen a la sociedad.
Al publicarse esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, las organizaciones feministas y todas aquellas personas que vienen defendiendo las causas de las mujeres víctimas de estos delitos y otros, deben tener presente que los Jueces ya tienen la base legal ordenar la prisión para los victimarios de forma inmediata.
Con el confinamiento por la pandemia, es muy frecuente que la víctima conviva con el victimario bajo el mismo techo. La dependencia, las amenazas y otras acciones intimidatorias, han logrado que no se presenten denuncias, en la misma cantidad con la que ocurren las agresiones. Esta reforma, tiene el objetivo de estimular a quien las padece, para que acuda ante las autoridades.
Por lo tanto, esta medida ocasionará que aumente el número de denuncias y se presenten más solicitudes a los Jueces en este sentido. Con la capacidad instalada actual, ninguna Procuraduría de Justicia o Fiscalía en los Estados y tampoco los Tribunales Superiores de Justicia, tendrán la posibilidad de atender a quienes demanden atención.
Habrá entonces una gran limitante para que la medida sea realmente efectiva. Así como fue muy acertado legislar para proteger a las mujeres, ahora es necesario invertir recursos.
En el país hay un ejemplo probado y muy consolidado en la atención de la violencia hacia la mujer, que responde a los múltiples aspectos que envuelven a este fenómeno social. Existen y operan los Centros de Justicia para las Mujeres. En el directorio de la Secretaría de Gobernación, aparecen 54 Centros instalados en todos los Estados y el portal refiere que se construyen 10 más, lo que es una magnífica noticia.
Estas instituciones se proyectan y funcionan con inversión de la Secretaría de Gobernación y los Gobiernos de los Estados. Apoyan con asesoría legal, atención psicológica y médica, cuentan con albergues, y talleres de empoderamiento. En un mismo espacio, trabajan ministerios públicos y jueces especializados. Pero hacen falta muchos más, sobre todo en la zona del Valle de México, la más poblada del país. Y en cada distrito judicial local, será necesario incrementar ministerios públicos, juzgados, policías y personal adecuadamente capacitado y concientizado. De lo contrario, las virtudes de la reforma penal aquí valorada, podrán quedar solo en una muy buena intención. Sun
