Arturo Rodríguez
Al llegar al tercer informe de Gobierno, a la mitad de su administración que concluirá el último día de Septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador opera una serie de ajustes en su gabinete que están encaminados, vía sus incondicionales, a incrementar su presencia en los otros dos poderes y en organismos autónomos.
Apenas terminada la elección de Junio último, comenzó un trimestre de modificaciones que concluyeron con una nueva alineación de funcionarios el miércoles 1, día de la rendición de cuentas presidencial y de la renovación de la Cámara de Diputados.
En la LXV Legislatura el partido en el poder, Morena, y sus aliados PT y PVEM perdieron como bloque la representatividad que ganaron en 2018; ahora la nueva alineación parlamentaria los coloca a 56 votos de la mayoría calificada (que es de 334 sufragios) y a 26 por encima de la mayoría absoluta (251), endebles en tanto se han exacerbado los desacuerdos en lo que fue la coalición electoral “Juntos Haremos Historia” (Proceso 2328 y 2337).
Los enroques políticos comenzaron el 9 de Junio último, cuando López Obrador anticipó la salida de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda para proponerlo como Gobernador del Banco de México (Banxico), constitucionalmente autónomo del Ejecutivo, órgano conductor de la política monetaria del país. En su lugar, designó a Rogelio Ramírez de la O, economista de añeja proximidad con el mandatario y quien fue su asesor en materia hacendaria desde sus aspiraciones presidenciales en 2006.
La decisión de proponer a Herrera como Gobernador del Banxico causó polémica por las posiciones críticas que el Presidente ha tenido sobre el manejo de las reservas, entre otras posiciones del colegiado en el banco central, espacio donde el Ejecutivo contaría con un incondicional.
Pero la incorporación de Herrera todavía no se concreta, pues su comparecencia ante el Senado, programada originalmente para el 19 de Agosto, se postergó sin fecha definida. La posposición es parte de uno de los primeros reveses que el Ejecutivo resintió durante Agosto en la Comisión Permanente del Legislativo.
Pendiente la llegada de Herrera al Banxico, desde Palacio Nacional se impulsó la intentona por ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, apoyada en una controversial reforma constitucional y en la ley reglamentaria del Poder Judicial, donde un transitorio -aprobado en abril pasado- abrió la posibilidad de extender su mandato.
La pretensión de López Obrador tensó la relación con los Ministros y legisladores, inclusive con aliados, que controvirtieron la constitucionalidad de la decisión. Sin embargo, el conflicto quedó zanjado el 6 de Agosto reciente tras una consulta al interior de la Corte, en la cual se perfiló la falta de respaldo para que el Ministro Presidente se beneficiara con el transitorio. Zaldívar terminó por declinar públicamente la extensión de su mandato.
Al respecto, López Obrador expresó: “Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge porque jueces, magistrados y ministros están echados a perder; hay honrosas excepciones, pero, por lo general, el poder central (judicial) está podrido”.
Previo al inicio de la nueva legislatura, Olga Sánchez Cordero dejó el 26 de Agosto la Secretaría de Gobernación para regresar a su escaño en el Senado, donde se desempeñó apenas unos meses de 2018 para luego solicitar licencia.
En la Cámara de Diputados la Mesa Directiva quedó a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, un perfil menos conocido, pero que responde al grupo de electoralistas que encabeza un incondicional del presidente, Horacio Duarte, actual administrador general de Aduanas.
Interlocución.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo fluyó los primeros tres años de Gobierno a merced de una mayoría apabullante en las Cámaras de Diputados y Senadores.
Prácticamente todas sus reformas, el presupuesto y las ratificaciones, que a propuesta del Presidente deben ser aprobadas, pasaron sin contratiempos; excepto la integración de la Comisión Reguladora de Energía en 2019, que debió resolverse con la designación presidencial.
Los proyectos de reforma prioritarios para el presidente López Obrador fueron aprobados mediante una fórmula de enlace Ejecutivo-Legislativo, cuya figura central no fue Sánchez Cordero, sino el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, quien, a decir de Ricardo Monreal, deja un vacío tras su renuncia formalizada el jueves 2.
“Julio Scherer actuó con talento y respeto con el Congreso. Nunca tuvimos dificultades, nunca se entrometió en nuestra función, nunca abusó de su poder… Vaya que lo tenía o que lo tiene. Para mí era el hombre más cercano anímicamente al presidente (López Obrador). No hablo laboralmente, hablo anímicamente”, aclaró.
Son amplias las lecturas sobre los cambios, señaladamente ante la salida de Scherer Ibarra. Pero a juicio de Monreal, no se trata de una fisura o fractura del lopezobradorismo, sino que “responde a una recomposición natural del gabinete que, normalmente, se da a mitad del sexenio”.
Al preguntarle sobre una eventual promoción del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra como ministro de la SCJN, Monreal sostiene que esa es decisión de López Obrador “más allá de que la ley se lo impide por haber ocupado un cargo público”.
En las próximas semanas López Obrador deberá proponer el relevo del ministro decano José Fernando Franco González Salas, lo que le permitirá contar cuatro ministros colocados durante su mandato, pues ya promovió a tres: Juan Luis González Alcántara (2018), Yasmín Esquivel Mossa (2019) y Ana Margarita Ríos Farjat (2019).
Como Zaldívar rechazó la ampliación de su mandato, es propicio su relevo al cierre de 2022, dejando la duda sobre quién presidirá la Corte; el reemplazo permanecerá hasta el segundo año del próximo Gobierno.
Los ajustes en el gabinete también implican la reorientación de la relación del Ejecutivo con el Legislativo, comunicación que recaerá sobre Adán Augusto López Hernández, quien solicitó licencia como gobernador de Tabasco para asumir la Secretaría de Gobernación.
El nuevo funcionario federal es parte de un bloque familiar que desde los ochenta acompañó al hoy Presidente en sus andanzas políticas, empezando por su padre, el notario Payambé López Falconi, fallecido el año pasado, quien fue el único notario que se animaba a dar fe de acciones del movimiento lopezobradorista frente al priismo duro del entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo.
Rosalinda López, hermana de Adán Augusto, fundó junto con López Obrador el PRD en Tabasco, en 1989, y desde entonces siguió sus proyectos políticos. Actualmente se desempeña como titular de la Administración Fiscal de Auditoría Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria, mientras su marido, Rutilio Escandón, se desempeña como gobernador de Chiapas.
La nueva consejera jurídica de la Presidencia es María Estela Ríos González, quien ocupó un cargo similar en el gobierno del Distrito Federal de López Obrador y lo acompañó en sus diferentes postulaciones presidenciales. Fue el propio mandatario quien anticipó que, si bien la dependencia responde al titular del Ejecutivo, la nueva consejera deberá coordinarse con López Hernández.
No obstante, la interlocución con el empresariado que desarrollaban Scherer Ibarra y Alfonso Romo (en su caso, hasta Diciembre último) recae en las manos de Tatiana Clouthier, secretaria de Economía designada en Enero pasado, y quien es parte del grupo político de Romo, para quien no hubo relevo “por austeridad” en la Oficina de la Presidencia de la República.
Desde que anunció quiénes formarían parte de su gabinete, en Enero de 2018, López Obrador dijo que sería un grupo de colaboradores como el de Benito Juárez…y al menos en los cambios se aproxima, pues el Benemérito de los Américas aplicó 50 ajustes en 14 años de Gobierno. López Obrador lleva 30 en el gabinete legal y ampliado en menos de tres años. Apro
