J. Jesús Esquivel
La presidencia de Joe Biden está de acuerdo con la de Andrés Manuel López Obrador: la fórmula contra el narcotráfico no es hacer una guerra en las calles, porque eso no funciona. Ni detener a capos que fácilmente se reemplazan. La Iniciativa Mérida está rebasada y hay que revisar a fondo la relación en seguridad, reconociendo la dificultad de Estados Unidos de controlar el trasiego de armas. También es necesaria una revisión en materia migratoria porque la frontera sur mexicana “está en el límite” de la llegada de personas de otros países.
“Como cualquier otra estrategia, la Iniciativa Mérida tiene que evolucionar con el tiempo y estamos de acuerdo con el gobierno de México en que tenemos que pensar en una nueva estrategia”, enfático dice a Proceso Juan González, asesor del presidente estadunidense.
Durante una larga entrevista realizada en la Casa Blanca, González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del gabinete de Biden, hace un análisis agudo sobre la cooperación binacional en materia de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.
“La relación de seguridad entre Estados Unidos y México ha evolucionado a través de las décadas, en algunos momentos era muy buena, en otros, no muy buena”, reconoce el encargado en la Casa Blanca de los temas con México y el resto de los países del continente.
González, quien este año en diversas ocasiones viajó a la capital mexicana acompañando a la vicepresidenta de su país, Kamala Harris, y a varios miembros del gabinete de Biden para sostener reuniones con López Obrador, habla de un componente distinto en la guerra contra el narco.
“Buscar en los puertos, buscar las áreas de logística, a los jefes de las plazas que manejan el flujo (de narcóticos) de una forma más estratégica, no hacer una guerra en las calles; hemos aprendido que las tácticas de objetivos muy altos no tienen impacto de largo plazo”, dice.
Iniciativa Mérida.
La Iniciativa Mérida, instrumentada en México por el expresidente de Estados Unidos George W. Bush en el sexenio de Felipe Calderón, fue timón de una guerra militarizada contra el narcotráfico que en ese periodo presidencial y en el de Enrique Peña Nieto no dio resultados.
Para González, uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos en asuntos de seguridad y de inmigración, la Iniciativa Mérida fue un instrumento bilateral de respuesta del momento que se vivió hace 15 años y que estrechó la cooperación en seguridad entre las dos naciones.
Fue precisamente el pasado Mayo cuando, encabezando una delegación de funcionarios estadunidenses -los jefes de la DEA y el FBI, entre otros-, González viajó a México para iniciar con el Gobierno de López Obrador las negociaciones para definir una estrategia nueva.
Sin definir el nombre ni detalles del próximo proyecto bilateral para contener el narcotráfico y el crimen organizado, el asesor de Biden adelanta que se concentrará en reconocer y aceptar las responsabilidades que tiene Estados Unidos en el flagelo que azota muy fuerte a México.
Esta es en varias décadas la primera ocasión en que la Presidencia de Estados Unidos admite un mea culpa en las implicaciones del narcotráfico en México que, con la violencia que genera, ha causado decenas de miles de muertes y diversas masacres desde el sexenio de Calderón.
El respeto a las leyes y soberanía de México son dos factores extirpados de la cooperación bilateral por Estados Unidos en el combate al narcotráfico a través de la Iniciativa Mérida y en amenazas como la del expresidente Donald Trump de enviar a soldados del Pentágono a combatir a los cárteles mexicanos y declararlos grupos terroristas.
Una de las primeras acciones de López Obrador para detener esa injerencia de Washington ante un problema derivado de la demanda y consumo de drogas de Estados Unidos, fue cambiar las leyes del país para controlar y registrar las acciones de agentes extranjeros que operan en México.
En paralelo, el arresto por la acusación de narcotráfico en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, abonó a la decisión de AMLO de, incluso, expulsar del país a los agentes estadunidenses y en especial a los de la DEA, a menos que se ajustaran a la nueva ley de rendición de cuentas de sus acciones.
Los nuevos vientos de trabajo bilateral bajo la presidencia de Biden no permiten, de acuerdo con González, que Estados Unidos tome “acciones unilaterales sin tener más coordinación con México”, y esto, matiza el asesor presidencial, ya se le informó a la DEA, a otras agencias federales y al propio procurador general de Justicia, Merrick Garland.
Trasiego de Armas.
El gobierno de Biden reconoce que la cooperación en seguridad y combate al tráfico de drogas ilícitas no tendrá avances mientras Estados Unidos no contenga la demanda y el consumo de estupefacientes, pero también el flujo de armas que corre de norte a sur, y el lavado de dinero.
Frente a la falta de acciones e innumerables promesas de la Casa Blanca acerca de tomar medidas en las peticiones de México sobre el tráfico armamentista, el pasado 4 de agosto el Gobierno de López Obrador demandó a la industria de las armas ante una Corte federal en Massachusetts, responsabilizándola del trasiego y de la muerte de miles de mexicanos.
“En cuanto a la demanda, no puedo dar una posición del Gobierno de Estados Unidos, pero lo estamos siguiendo muy de cerca”, tajante, responde el asesor del presidente Biden a una pregunta sobre el asunto.
La violencia que priva en México relacionada directamente con el narcotráfico expone la facilidad con la que armas de alto poder -como rifles calibre .50, fabricados en Estados Unidos- terminan en manos de los cárteles que las usan también para intimidar al Gobierno mexicano. Apro
