J. Jesús Esquivel
El Gobierno del presidente Joe Biden anunció que usará la prerrogativa de evaluar caso por caso la situación de inmigrantes indocumentados detenidos por agentes migratorios dentro de territorio estadunidense, antes de decidir su deportación.
La medida anunciada por el secretario de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, flexibiliza las directrices de inmigración de Estados Unidos para la deportación en automático de personas extranjeras sin documentos legales para vivir y laborar en cualquiera de los 50 estados y territorios del país.
“Por primera vez nuestras normas, nuestra discreción en busca del bienestar y seguridad pública requieren de una evaluación de un individuo, tomando en cuenta totalmente los hechos y circunstancias”, precisó Mayorkas en un comunicado de prensa.
El DHS aclaró que las deportaciones inmediatas se concentran en personas extranjeras con antecedentes penales y quienes representen cualquier tipo de amenaza a la seguridad nacional, así como los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera sur.
“Al instrumentar esta medida discrecional, nos guiaremos por el hecho de que hay personas en nuestro país que por generaciones han estado contribuyendo al bienestar de la nación, incluidos lo que han estado en la primera línea de batalla ante el covid-19”, apuntó Mayorkas.
La medida acaba con las políticas antimigratorias instrumentadas por el expresidente republicano, Donald Trump, que destinó mayores recursos a los agentes de inmigración para buscar dentro del país a inmigrantes indocumentados en sus casas, lugares de empleo y escuelas, para deportarlos casi de inmediato a sus países de origen.
“No trabajaremos en conflicto al gastar recursos buscando deportar a aquellas personas que no representan amenaza y que de hecho hacen más grande, más fuerte a nuestra nación”, enfatizó el titular del DHS.
A través de redadas migratorias en ciudades y pueblos de Estados Unidos, centenares de agentes ubicaban a inmigrantes indocumentados para deportarlos, sin importar que personas con décadas de vivir y laborar en el país dejaran en muchos casos a sus hijos, ciudadanos estadunidenses, sin siquiera ser avisados.
La separación familiar y casos de indocumentados que incluso no hablan el idioma de su país de origen, o no tienen familiares ahí, fueron, entre otras, las principales consecuencias de las redadas migratorias.
En las nuevas directrices, el DHS informó que las prioridades para la deportación de personas extranjeras se concentran en quienes representan amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad pública y la fronteriza, es decir, los detenidos en la zona limítrofe con México.
“Esto es un reconocimiento a que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados (que se calcula viven y trabajan en Estados Unidos desde hace muchos años) por mucho tiempo, años, son miembros de nuestras comunidades que contribuyen al país”, acoto.
La evaluación para realizar la deportación de los indocumentados, evaluando caso a caso, deberá ser la prerrogativa y a discreción de cada agente del Buró de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Con esto seguiremos avanzando en el bienestar del país, reconociendo la invaluable contribución de millones de personas que son parte de la fábrica de nuestras comunidades”, concluyó Mayorkas.
Desde su primer día como presidente de Estados Unidos, Biden anuló órdenes ejecutivas anti migratorias instrumentadas por Trump, y prometió trabajar con el Congreso federal de su país para sacar adelante un proyecto de reforma de ley migratoria.
Al respecto, este jueves la portavoz presidencial Jen Psaki declaró, desde la Casa Blanca, que Biden lamentaba que del proyecto de ley del paquete presupuestario para el año fiscal 2022 se excluyera la reforma migratoria como una de las enmiendas de la legislación.
“Pero el presidente seguirá trabajando con republicanos y demócratas para sacar adelante el proyecto de reforma de inmigración, y no, no somos como Trump ni hemos adoptado sus acciones anti migratorias”, subrayó la portavoz de Biden.
La propuesta del mandatario estadunidense es aprobar una ley que regularice el estatus de residencia y laboral de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que demuestren haber estado en la Unión Americana antes del 1 de Enero de 2021.
Biden también pide que a los trabajadores indocumentados, como a los que se acogen a la llamada Acta Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), se les dé prioridad para regularizar su estatus de residencia y laboral, con el fin de que eventualmente se hagan ciudadanos por naturalización.
“Por primera vez las directrices son explícitas al prohibir el uso de la instrumentación de las leyes migratorias como herramienta de castigo a los derechos legales de los no ciudadanos, como son el de trabajar o el de vivienda”, remató el Departamento de Seguridad Interior. Apro
