Judith Amador
Hay un total rechazo al Proyecto de Decreto que busca reformar la Ley General de Salud en materia de Medicina Tradicional y Complementaria.
Es la postura sostenida por agrupaciones de médicos tradicionales y parteras, investigadores, especialistas y miles de ciudadanos, pues se violan las disposiciones nacionales y convenios internacionales que protegen las culturas, los saberes ancestrales y el patrimonio biocultural de las comunidades del país.
El pasado 21 de Abril, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma y lo turnó al Senado de la República para su evaluación. Ante ello, profesores de investigación científica y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su representación sindical, han solicitado una reunión a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero.
Escogieron el próximo 22 de Octubre, “Día Internacional de la Medicina Tradicional”, para exponerle las afectaciones que acarrearán las nuevas disposiciones “a las prácticas medicinales tradicionales, a los modos de vida, derechos culturales y humanos, entre otras múltiples circunstancias”.
En entrevista con Proceso, los antropólogos sociales Amparo Sevilla, Fanny Escobar y Jesús Armando Haro coinciden: el dictamen omitió la consulta previa, libre e informada que, por ley, debe hacerse a los pueblos y comunidades indígenas, cuyos derechos serán violentados.
Y es que la iniciativa parece destinada a permitir el usufructo privado y la apropiación de sus bienes culturales.
Especialista en culturas populares, Amparo Sevilla, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, explica en dos documentos enviados a este semanario que el Proyecto de Decreto retoma tres iniciativas presentadas el año pasado: la primera por el partido Morena el 25 de Febrero, otra del Partido Encuentro Social del 20 de Mayo, y la tercera de la exdiputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano, del 29 de Octubre.
Advierte que se mezclan en el documento de la iniciativa conceptos contrapuestos, como reconocer, conservar, proteger y desarrollar, y al mismo tiempo regular, orientar, usar, utilizar y aprovechar.
En entrevista, argumenta que el verdadero reconocimiento de la medicina tradicional indígena (MTI) se opone a la pretensión de regularla con los criterios de la medicina oficial:
“El reconocimiento implica respetarla a partir de lo que indica el artículo Segundo de la Constitución mexicana, es decir, del reconocimiento de la libre determinación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas… Entonces, en realidad, se trata de un propósito inconstitucional porque le otorgaría al Estado la facultad de dictar desde la medicina hegemónica qué pueden o no hacer los médicos tradicionales pertenecientes a las comunidades indígenas y cómo pueden usar o no qué tipo de plantas. Es una regulación con criterios que no corresponden a la lógica, a la concepción y a la forma de funcionar de las medicinas tradicionales.”
En su documento, la antropóloga recuerda que ya desde 2013, al Artículo 6 de la Ley General de Salud se adicionó la fracción VII, estableciendo que el Sistema Nacional de Salud tiene facultad de “coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que presten para su protección”. Por ello, hace hincapié en la gravedad de lo que implica el concepto de modificar los patrones culturales, contraviniendo el artículo 2 constitucional y varios derechos de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
El especialista en temas de etnicidad y salud, Jesús Armando Haro, investigador de El Colegio de Sonora, hace señalamientos acerca de la ausencia de la voz de los propios médicos tradicionales y los pueblos indígenas en la iniciativa de Decreto.
Explica que la diferencia entre medicina tradicional y alternativa o complementaria es que la primera forma parte del patrimonio cultural de los pueblos y está protegida por convenios internacionales y por la Constitución mexicana; la complementaria la practica gente que ha estudiado con un paradigma científico distinto, que se reduce a una serie de variables y de controles de investigación basados en estadísticas. Las metodologías indígenas, en cambio, “son mucho más ricas y contextuales”.
Enseguida debería hacerse un análisis para evitar el expolio de las especies vegetales, incluso la propuesta tendría que desembocar en un programa para ver con qué criterios se van a incorporar los médicos, “es decir, requiere muchísimo más desarrollo, pero la aprobaron unánimemente 38 diputados”, cuando hay mucha gente que tiene tiempo estudiando el tema de la medicina tradicional, como Roberto Campos, y desde luego las propias comunidades, para hacer un proyecto mucho más participativo.
Reitera que podría hacerse un registro de médicos que incluya a los tradicionales, con datos de localización, contacto y la oferta terapéutica, pero eso no debe implicar la idea de “dar permiso” para el ejercicio de su conocimiento.
A decir del doctor, la iniciativa es reflejo, no de una política contraria a las comunidades, sino de un “estira y afloja en el cual existen dos visiones de nación, una nacionalista, en este caso que impulsa la idea de la tradición, y otra que está haciendo mucho lobby (grupos de influyentes) en el Congreso, que les interesa la comercialización de las plantas medicinales y están llevando el asunto a ese terreno para que se puedan patentar… son una serie de contradicciones de la 4T, pero lo entiendo como parte de la lucha que empujan grupos empresariales que en este momento también impulsan que se aprueben los transgénicos”. Apro
