Juan Omar Fierro y Mathieu Tourliere
En 2019 y 2020 el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo celebró contratos por 324 millones 371 mil Pesos con la red de empresas de Uri Emmanuel Ansbacher, el empresario israelí que vendió el software espía Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto: la Cuarta Transformación participó en una operación presuntamente fraudulenta que implicó desvíos de por lo menos 230 millones 578 mil Pesos a 26 empresas de papel.
Los contratos fueron otorgados a las empresas de Ansbacher mediante adjudicaciones directas, mientras de manera paralela la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigaban la red de compañías del ciudadano israelí que en el sexenio pasado recibieron contratos y depósitos por al menos 6 mil 51 millones de Pesos.
En Julio pasado, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se refirió a las piezas de esta red como “compañías fachada” de la empresa israelí NSO Group, y sostuvo que operaron “una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del Gobierno Federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”.
Al menos en dos contratos otorgados por el Instituto Nacional de Migración (INM), el Gobierno de López Obrador siguió el mismo guion que su antecesor: en un informe publicado el pasado 28 de Octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló graves irregularidades en el proceso, entre ellas la dispersión de más de 200 millones de Pesos en 26 empresas que no reportaron ningún empleado ni movimientos relacionados con sueldos y salarios entre 2019 y 2020; además, 10 de esas compañías no reportaron movimiento ante el Servicio de Administración Tributaria el año pasado.
Proceso revisó las actas de estas sociedades en el Registro de la Propiedad y el Comercio y encontró que sus presuntos “socios” son personas de muy bajo perfil y vecinos de barrios modestos; además este semanario acudió a los domicilios de 17 empresas en la Ciudad de México y Puebla y constató que son oficinas virtuales, despachos de “coworking”, edificios abandonados o viviendas de personas que desconocen las empresas que supuestamente operan ahí.
Estos elementos -socios falsos y direcciones virtuales- reúnen las características de empresas fantasma, las cuales se usan para lavar dinero, evadir impuestos o desviar recursos públicos, como se documentó en los esquemas de triangulaciones multimillonarias operadas durante el sexenio de Peña Nieto, conocidos como la Estafa Maestra.
En el centro de estas contrataciones amañadas del Gobierno de López Obrador figura Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, así como uno de sus más altos colaboradores en activo. En el primer año y medio del sexenio, Garduño fungió como titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la dependencia que controla las cárceles federales.
De hecho, de los mil 930 millones de Pesos que las empresas de Ansbacher recibieron el sexenio pasado y fueron revelados por Rosa Icela Rodríguez, siete contratos por mil 611 millones de Pesos y 43 millones 470 mil Dólares fueron adjudicados de manera directa por el OADPRS entre 2012 y 2018.
Los contratos, cuya versión pública revisó Proceso, fueron requeridos y firmados por Antonio Molina Díaz, quien fungía como Coordinador General de Centros Penitenciarios Federales desde 2011 -durante la gestión de Genaro García Luna en la entonces Secretaría de Seguridad Pública-, después de nueve años al frente de los reclusorios estatales de Durango.
Tras la llegada de López Obrador a la Presidencia y la de Garduño al OADPRS, Molina permaneció en su cargo.
Cuando el Presidente designó a Garduño comisionado del INM, en Junio de 2019, éste nombró a Molina director general de Control y Verificación Migratoria, desde el cual encabeza los centros de detención migratoria.
Molina forma parte del grupo de 20 exfuncionarios y funcionarios en activo que la FGR busca imputar en el caso de los contratos adjudicados por el gobierno del expresidente Felipe Calderón para la construcción y operación de ocho cárceles federales.
Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI/CDMX0000611/2020, Molina Díaz y el resto de los servidores públicos investigados por este caso provocaron un presunto daño a las arcas públicas por 62 mil 840 millones de Pesos, derivado de la firma con sobreprecios de los contratos adjudicados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal a la iniciativa privada. A pesar de que la carpeta ya ha sido judicializada, la audiencia de imputación se ha aplazado dos veces por petición de varias de las defensas.
En otras palabras: eran cascarones que sirvieron para canalizar presuntos desvíos millonarios. Apro
