Gloria Leticia Díaz
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se iniciará una investigación sobre la participación del general Jens Pedro Lohman en el “encubrimiento” de un caso de desaparición forzada cometida por el Ejército Mexicano, como lo publicó la revista Proceso en el número que está en circulación (2353).
En conferencia de prensa para hablar de la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Encinas Rodríguez refirió que el presidente le ordenó investigar la vinculación del responsable de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el general Lohman Iturburu, en el caso de la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, ocurrida el 29 de diciembre de 2009 en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua.
En entrevista con Proceso, María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza Paola, detalló que el 7 de enero de 2010, Lohman Iturburu, ella misma y la defensora de derechos humanos Luz Estela Castro escucharon, de voz del mayor Manuel Gutiérrez, perteneciente al 35º Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, la aceptación de la participación del Ejército en la “detención” de sus familiares, además del aseguramiento de una camioneta de la que los soldados bajaron a Nitza Paola y a José Ángel, situación que días después sería desconocida por el general.
Ese mismo testimonio es el que Alvarado Espinoza expuso en abril de 2018 ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancia que encontró responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada. Pero hasta ahora la sentencia no ha sido cumplida, según los familiares de las víctimas, ante la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acudir a reuniones.
Sobre el titular de Birmex, en la conferencia de prensa de este lunes Encinas Rodríguez señaló que en la sentencia de la Corte “no hay una responsabilidad definida directamente a su persona”, aunque omitió decir que el tribunal regional no hace juicios sobre responsabilidades individuales.
El funcionario federal agregó que su oficina está “haciendo el análisis de la situación a raíz de la nota aparecida este fin de semana en la revista Proceso. Nos ha pedido el presidente de la República hacerlo y vamos a dar cuenta muy puntual de ello”.
De igual manera, indicó que en los próximos días establecerá contacto con los familiares de las víctimas y sus representantes para realizar “las reuniones necesarias para el cumplimiento irrestricto de la sentencia de la Corte, esa es una instrucción del presidente”.
De acuerdo con Encinas, “toda la información requerida” por los expertos del CED a las “Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina Armada de México y a la Guardia Nacional se entregó (…) ellos harán su propia ponderación”. Y precisó que durante la visita “no se hizo una evaluación de nadie”.
Puntualizó que la presencia del CED en México forma parte de la instrucción de López Obrador de “estar abiertos al escrutinio internacional y de ahí ser el primer país en hacer una invitación de esta naturaleza”, y una vez que se den a conocer las observaciones finales del CED, en marzo del próximo año, “acataremos las recomendaciones que se nos planteen”.
Tras reconocer que entre las observaciones preliminares el CED alertó sobre la falta de coordinación de las comisiones de búsqueda con las fiscalías, Encinas señaló que si bien “la Fiscalía General de la República y las fiscalías son autónomas, eso no significa que sean ajenas o exista un divorcio con el Estado, (por lo que) tendrán que acatarse por todas las instituciones del Estado estas recomendaciones”.
Alejandro Encinas reconoció que de 2019 a la fecha habría 399 casos de desaparición forzada, es decir, casos en los que estarían involucradas autoridades de distintos órdenes de gobierno.
Sin embargo, consideró que la prevalencia de las desapariciones de personas, tanto forzadas como por particulares, que superan las 95 mil víctimas, se debe a la actuación del “crimen organizado y a la situación delictiva, a la corrupción y colusión de autoridades con el crimen organizado, así como la intolerancia en varias regiones en el país”.
Finalmente, señaló que los principales retos para enfrentar la crisis de desapariciones son: “abatir la impunidad, superar la crisis forense y consolidar una política de prevención”.
Por su parte, el encargado de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, informó que hasta el momento el CED tiene registradas 439 acciones urgentes sobre personas desaparecidas en México, de las cuales 221 víctimas son originarias de Guerrero, a las que le siguen otras más de Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Apro
