Marcela Gómez Zalce, en sustitución de Carlos Loret de Mola
En meses recientes el discurso de la política exterior estadounidense de manera constante ha mantenido un perfil económico y geopolítico cada vez con más ingredientes del conocido soft power diplomático. México en la narrativa presidencial danza alrededor de que «la mejor política exterior, es la interior». El efecto de este pedestre nacionalismo deviene en un aislamiento que ha impactado de manera transversal varias esferas. El resultado de esto, que a estas alturas no debe sorprender, es la escalada en la tensión latente con nuestro vecino y principal socio comercial en varios rubros, pero indiscutiblemente el área de la seguridad y el combate al crimen organizado es ya el punto de inflexión.
La nueva iniciativa firmada por Joe Biden para redoblar los esfuerzos en la lucha contra las organizaciones delictivas trasnacionales y las redes del narcotráfico demuestra una cosa y sólo una: la tolerancia para la política de los abrazos mexicanos se ha terminado.
La nueva orden ejecutiva «proporcionará al Departamento del Tesoro nuevas herramientas para hacer frente a los cambios en el comercio mundial de drogas ilícitas..» que han contribuido a acrecentar una crisis de salud pública ante los más de cien mil decesos por sobredosis. En la misma línea el Departamento de Estado ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por cada vástago de Guzmán Loera, alias el «Chapo», y el broche de oro lo cierra Washington incluyendo a Los Rojos y Guerreros Unidos como responsables del gran tráfico de heroína a los Estados Unidos y el CJNG, entre otros. Pero la verdadera bomba estadunidense radica en el nuevo Consejo establecido en la referida iniciativa donde participan funcionarios de los departamentos de Justicia, Tesoro, Estado, Seguridad Nacional y la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. Con esto el gobierno de Biden busca mayor «agilidad y flexibilidad» para perseguir estas redes criminales.
La puerta para las interpretaciones en ambos lados de la frontera se abrió de par en par. No hay un precedente en la región de una iniciativa tan amplia que alberga tantas dependencias estadounidenses con un objetivo común. En el palacio la señal no fue recibida con beneplácito y López Obrador reviró argumentando «intervención» en los asuntos nacionales de México. Terreno por demás resbaladizo y fangoso cuando la narrativa mediática diplomática ha sido el célebre «Entendimiento Bicentenario» y las recientes sonrisas entre los Three Amigos.
El gobierno mexicano debe empezar a tragar chapos sin gestos. La impunidad y el empoderamiento de organizaciones criminales no será tolerada y esto debe prender las alertas en las áreas de seguridad y en el círculo de nuestras fuerzas armadas. Las nuevas «herramientas» estadounidenses representan un giro fundamental en la relación bilateral pese a los distractores mañaneros y la propaganda política.
El timing del anuncio se da empezando el cuarto año de gobierno, con una sucesión adelantada, en un contexto interno de disputa por el poder, contradicciones y el fracaso en consolidar resultados en materia de seguridad y migración.
El mensaje para la administración de López Obrador es bastante claro y sin lugar a dudas, contundente. Sun
