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Tropiezos de la 4T: Resistencia Civil y Crimen Organizado Ponen Freno al Corredor Interoceánico

Pedro Matías

La presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la resistencia de comunidades y organizaciones indígenas así como las batallas legales han retrasado las obras del Corredor Interoceánico, uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En diciembre de 2018 arrancó oficialmente del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; pero en 2021 un informe oficial reconoció, por primera vez, la presencia de la delincuencia organizada en territorio de Oaxaca y particularmente en esa región, donde el CJNG incurre en “amenazas, levantamientos de personal, robo de materiales y obligar a contratistas a adquirir material con sobrecostos”.
Aunado a ello, integrantes de la Red de Resistencia Civil -formada por organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia- han realizado por lo menos 43 bloqueos a vías férreas de julio de 2019 a diciembre de 2021 y han expulsado a trabajadores que realizan obras en la modernización del ferrocarril transístmico.
El más reciente bloqueo tuvo lugar en Donají, comunidad de Matías Romero; duró ocho días y fue levantado apenas el pasado martes 8.
A casi un año de emitido el informe oficial que reconoce la presencia del CJNG, el avance de los trabajos es mínimo, frente a la resistencia de las comunidades que han denunciado la simulación de consultas, ocultamiento de información, invasión y despojo de tierras.
El 12 de octubre de 2021 las comunidades en resistencia realizaron bloqueos a las vías férreas en Estación Mogoñe, San Juan Guichicovi, Matías Romero, Colonia Oaxaqueña, Salina Cruz y la Colonia Jardines de la Revolución, además de expulsar a un grupo de trabajadores que habían ingresado a sus terrenos a realizar trabajos de modernización del ferrocarril transístmico.
Elliot Escobar Gómez, coordinador estatal de la Corriente del Pueblo Sol Rojo, dice a Proceso que fue presentado un amparo colectivo contra el acuerdo presidencial que declara de interés público y de seguridad nacional los megaproyectos Tren Maya, Programa Integral Morelos, Corredor Interoceánico y Aeropuerto de Santa Lucía.
La organización considera que con este acuerdo “nuestros pueblos quedan en un estado de indefensión, ya que promueve la imposición de los megaproyectos, el ocultamiento de información, la imposibilidad de las comunidades de utilizar medios de defensa frente a la militarización y criminalización de la protesta social”.
El dirigente de la Ucizoni, Carlos Beas Torres, afirma que desde el trienio pasado “aquí es un secreto a voces que de alguna forma hay algún tipo de convivencia o connivencia pactada entre el crimen organizado y los municipios”.
Incluso, agrega, “es claro que se ha estado pagando el derecho de piso en los municipios a los grupos delincuenciales; eso ocurrió en las administraciones pasadas y eso seguramente va a seguir ocurriendo en las administraciones que tomaron posesión hace unos días”.
El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 tendrá una cobertura regional formada por 79 municipios: 46 de Oaxaca y 33 de Veracruz.
El 4 de marzo de 2021 la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció, en vísperas de las elecciones, que “el partido del crimen que intenta también competir hace campañas de miedo para intimidar: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian”, y que Oaxaca es uno de los estados que presenta violencia política, con muertos y heridos.
El director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), José Sánchez Pérez, presentó un informe correspondiente al periodo Enero-Marzo del ejercicio fiscal 2021 en el que se describió esta situación: “Actualmente el desarrollo de los trabajos sigue siendo gravemente afectado por bloqueos de comunidades que se encuentran dentro del derecho de vía federal que han presentado varios reclamos sociales, muchos de ellos ocasionados por otras dependencias (SCT, Pemex, CFE), fuera de la competencia del FIT y que han impedido la ejecución de las obras en tiempo y forma”.
Y detalló: “En términos generales, los retrasos a la fecha en obras en el Tramo I se deben al vandalismo que se vive en la zona por la delincuencia organizada por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación; obligan al contratista a adquirir material con sobrecostos, no siendo los propuestos de origen, ocasionando distancias de acarreos mayores a las previstas, por lo que el programa de trabajo se hace más lento en su avance”.
Tras los numerosos bloqueos y los conflictos sociales en la región, el pasado 12 de enero la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para obras de mejoramiento urbano en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Apro

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