Arturo Rodríguez
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Había pasado un mes desde que el servidor de la nación y “facilitador” de programas sociales José Félix Bernardo de Jesús llegó a la comunidad de El Sitio Centro, ofreciendo recursos para realizar obras de mejora en la secundaria Tomás Alva Edison cuando, después de imponer condiciones, a la comunidad le robaron el dinero.
El malestar del profesor Jorge Rafael Ángeles González es notorio respecto al programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), un fondo administrado por padres de familia, ahí y en todo el país, que excluye a autoridades educativas y maestros. En la secundaria de El Sitio Centro hubo más de 200 mil pesos que mediante engaños y entregas en efectivo, prácticamentedesaparecieron.
La situación se repite por todo el país y es tan grave que sólo con una muestra aleatoria realizada por la Auditoría Superior de la Federación, que revisó mil 187 millones de pesos, quedó en entredicho la mitad, es decir, el destino de 552 millones de pesos sólo por el ejercicio fiscal de 2020.
Creado en la actual administración, el LEEN es otro de los programas sociales que tiene por objetivo beneficiar escuelas “sin intermediarios”; su presupuesto en 2020, de 7 mil 250 millones de pesos, se redujo a la mitad en 2021 y ahora, para revitalizarlo, se anunció un incremento de 50%, así como la extinción, para fondearlo, del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, creado en 2007 con la idea de garantizar alimentación y facilitar jornadas de trabajo para padres de familia.
LEEN es operativamente responsabilidad de la Secretaría del Bienestar y consiste en entregas de recursos que los comités de padres deciden en qué obras gastar y supuestamente con quién. Es tan prioritario para la actual administración que la mexiquense Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, justificó la extinción de las escuelas de tiempo completo en la reorientación de recursos a este programa de infraestructura.
De hecho, la funcionaria consideró el pasado martes 1, durante una conferencia de prensa presidencial, que el malestar por la extinción de las escuelas de tiempo completo era por desconocimiento de los beneficios que se patentan en localidades apartadas del país.
Lejos de los discursos del Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la escuela de El Sitio Centro sólo les quedaron los castillos de varilla expuestos para lo que sería techumbre de una cancha de basquetbol y las excavaciones en donde, el director del plantel, Jorge Rafael Ángeles, acusa: “Ya se me fue un niño”.
Al fondo de la escuela, un aula inconclusa es monumento al gasto inútil, obra gris por donde corretean algunos de los 126 adolescentes.
Lucía Antonio Maldonado y Raquel Antonio Martínez, madres de familia y vecinas de la localidad perteneciente a Villa Victoria, Estado de México, cumplieron, en julio de 2021, todos los requisitos que el “facilitador” Bernardo de Jesús les exigió: integrar un comité de padres de familia, excluir a profesores y al director y, finalmente, decidir la obra en asamblea que debía ser asignada al “ingeniero” Gerardo Vázquez Ponce, propietario de la constructora Servicios Vázquez, el hombre que ni era ingeniero y se le fue, en septiembre pasado, dejando la obra negra.
Raquel, la tesorera, desconfiaba pero, admite, sin experiencia ni conocimiento de procedimientos se confió con el resto del comité escolar a lo que el servidor de la nación les pidió. Una entrega en efectivo al constructor por 185 mil pesos, que apenas se les depositaron en una cuenta de Banco Azteca le entregaron en mano. Pero como Raquel y los padres de familia desconfiaban, grabaron en video y fotografías la entrega-recepción.
El esquema se repitió por toda la zona de Villa Victoria.
En la primaria 20 de Noviembre, de San Marcos de la Loma, los castillos sí fueron colados, de manera que 12 columnas de concreto son llamadas, con humor magisterial en la desgracia, “los pilares de la educación”. En el recorrido realizado por Proceso un profesor se apresura a aclarar que la red de volibol que entre dos columnas se sostiene, no estaba incluida en la obra.
Verónica Francisco Dionicio es la tesorera que con el mismo servidor de la nación y el mismo constructor cayó en la trampa que incluía la presión para entregar los recursos al constructor o perder el apoyo de 500 mil pesos asignados por LEEN. Le entregaron 330 mil pesos y entonces desapareció. Después de los hechos, a partir de clientelismo y empleos temporales, la superdelegación del Bienestar quiso evitar las denuncias, pero Verónica no desistió y como en el caso de las madres de familia de El Sitio, denunciaron ante la Fiscalía General de la República el saqueo.
El imposible rastro del dinero
En San Isidro, una comunidad purépecha de Los Reyes, Michoacán, dos paredes fueron erigidas en 2020. Apenas forman ángulos de lo que podría ser un aula, construcción sin avance desde marzo de 2020, cuando el servidor de la nación Emmanuel Uribe Ordóñez convenció al Comité de padres de familia de la telesecundaria de manejar él y sus especialistas en construcción los 200 mil pesos asignados por el programa LEEN. Apenas le dieron el dinero y desapareció.
La denuncia fue enviada a la superdelegación michoacana el 10 de febrero de 2021 y forma parte de un largo listado de quejas similares que se acumulan en la Secretaría del Bienestar desde 2019, sin que hasta ahora se hayan resuelto.
De hecho, en un informe enviado por el “superdelegado del estado de Morelos”, Raúl Anaya Rojas, el 24 de mayo de 2021, cuya copia tiene Proceso, se enlistan diferentes aspectos de gravedad por los problemas de comunicación entre instancias gubernamentales. Por ejemplo: en 77 escuelas cambiaron los comités de padres de familia, pero la Tesorería de la Federación depositó a quienes estaban registrados en los pasados comités, “poniendo en riesgo más de 24 millones de pesos”.
La situación fue identificada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en su revisión a la cuenta pública 2020 vio los informes de 2 mil 588 expedientes de comités escolares beneficiados, encontrando que en 687 casos no se acreditaba la obra. Esto es más de la quinta parte de lo auditado e implica incertidumbre sobre el destino de 285 millones de pesos sólo por ese año y del universo revisado.
De los 687 casos inciertos, la ASF pudo constatar que 61 comités retiraron los recursos en efectivo. Pero del resto, la información fue imposible de obtener pues Banco Azteca, la institución encargada de dispersar el programa, opuso su negativa fundada en el secreto bancario. La Auditoría topó con pared.
Con el número de auditoría 124, la ASF se concentró en un análisis del estado de Guanajuato donde revisó la documentación de 95 escuelas, destacando que en 63 casos se hizo entrega de un acta de recepción de trabajos terminados, elaboradas por una empresa que resultó ser la misma.
Una situación similar se identificó en Puebla, donde una misma arquitecta realizó las obras de la mayoría de las escuelas, pero como en el caso de Guanajuato, no se identifica en el informe de la ASF.
Al margen de la ASF, es posible identificar que por la forma en que son contratadas las empresas para realizar los servicios del programa LEEN, no son identificables por los mecanismos de contratismo y proveeduría gubernamental; es decir que no están en la plataforma Compranet, de manera que no es sencillo dar con los constructores beneficiados.
Peor: las actas de entrega de recursos y las comprobaciones son recibos hechos a mano, notas de remisión y papeles sin valor fiscal, algo que también fue identificado por la ASF.
