Ricardo Monreal Ávila
El éxodo bíblico del pueblo judío en búsqueda de la tierra prometida, y la tercera guerra servil en la antigua Roma son ejemplos de cómo ciertas condiciones obligan a grandes grupos humanos a luchar por su derecho a liberarse del yugo opresor y explorar nuevos territorios para florecer.
Y aunque la historia nos presenta a los exploradores europeos como grandes aventureros en busca de gloria y riquezas, su llegada al continente americano no fue sino otro movimiento migratorio. Norteamérica es un caso peculiar, porque las colonias inglesas optaron por el exterminio de los pueblos originarios (a diferencia de las colonias españolas, en las cuales hubo mayor mestizaje), es decir, se construyeron casi en su totalidad por migrantes.
Con los años, la pujanza económica de Estados Unidos lo ha convertido en el mayor país receptor de inmigración internacional, y su frontera sur aglutina a miles de personas provenientes de México y otras naciones latinoamericanas y caribeñas. Para los presidentes de la Unión Americana, el tema migratorio es parte de su agenda política, y en ocasiones determina la evaluación de su gestión. El voto latino cada vez cobra mayor fuerza en su sistema político, pero al mismo tiempo el nacionalismo y la xenofobia se resisten a desaparecer.
La estrategia del otrora candidato presidencial Donald Trump en 2016 fue precisamente apelar a esa nostalgia del pensamiento político antiinmigrante, que señalaba específicamente a migrantes mexicanos como causantes de los mayores males de la economía y la sociedad estadounidenses. Contra todos los pronósticos, este discurso logró triunfar en las elecciones.
Con el inicio de la nueva administración, ya con Joe Biden, que implicó una transición política del republicanismo hacia el ala demócrata, también se regeneró la relación México-Estados Unidos, con base en las coincidencias con el proyecto de nación y la noción de desarrollo e integración regional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En esta nueva relación existe consenso respecto a que el desarrollo y el subdesarrollo de los países se encuentran estrechamente vinculados, al igual que las zonas en conflicto y las regiones en relativa paz responden a una misma lógica.
En este sentido, la cooperación para el desarrollo se vislumbra como la vía más conveniente para hacer frente al problema de la inmigración irregular en nuestro vecino del norte; sin embargo, se trata de un plan a largo plazo que requiere continuidad y no intermitencias supeditadas a las transiciones políticas.
Si el derecho a la migración está reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces el derecho a la inmigración también debe ser aceptado, y por ello el presidente AMLO ha insistido en la necesidad de regularizar a las y los connacionales que trabajan en Estados Unidos.
Por eso, en la reunión a distancia del pasado viernes entre los presidentes López Obrador y Biden la migración fue el tema central, y su eje rector, la cooperación para el desarrollo, con mucha mayor inversión, para responder conjuntamente al posible aumento de flujo migratorio, tras el fin de las restricciones migratorias por motivos de la pandemia.
Ambos mandatarios demostraron que la actualidad exige una postura más conciliadora y humanitaria, lo que abona a las expectativas sobre los resultados de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.
Por eso es una buena noticia que México y Estados Unidos parezcan estar entrando a una nueva etapa en la que criminalizar la migración se reemplace por un enfoque en el cual cada migrante reciba un trato justo y humano: una meta por la que vale la pena trabajar. Sun
