Antonio López
La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta grandes obstáculos, principalmente por la propuesta de sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), lo que generó el rechazo del PRI, PAN, PRD y MC, y cuyos votos son suficientes para frenarla, y además ni sus aliados han planteado desaparecer al árbitro electoral, tal y como se observa en los últimos proyectos de reforma constitucional en la materia presentados por el PT y por el PVEM.
En la Cámara de Diputados están formadas -desde la 64 Legislatura- un total de 246 iniciativas en materia electoral, a las cuales no se les ha dado trámite y en las que se proponen un sinfín de cosas, pero ninguna desaparece al órgano electoral.
A pesar de que el propio López Obrador declaró recientemente que «no es cierto» que su proyecto quiera desaparecer al INE y que «hay mucha desinformación» porque sus opositores «son muy chuecos y muy mentirosos», en el texto enviado a la Mesa Directiva y publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 28 de Abril sí se señala de manera textual que «la presente iniciativa propone iniciar una nueva etapa electoral para el país. Se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE».
Destacan planteamientos para incorporar el voto electrónico, endurecer los delitos electorales, fortalecer la figura del diputado migrante, simplificar la estructura del INE «a fin de generar menos gastos» y para fortalecer la transparencia y el acceso a la información durante los procesos comiciales, entre otras.
En tanto, en lo que va de la 65 Legislatura, de septiembre de 2021 a la fecha, los siete grupos parlamentarios han despegado 52 propuestas en materia electoral; seis del PRI; siete del PAN; una del PRD; cinco de MC; 26 de Morena; seis, del PT, y dos más del PVEM.
Entre las propuestas se encuentran garantías para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, crear el voto domiciliado para personas con discapacidad, modificar las reglas en materia de declinaciones y establecer que el pago de las multas impuestas a los partidos políticos «no puede ser enterrado con los recursos obtenidos del financiamiento público», entre otras.
Hasta antes de la iniciativa presidencial y de la recién presentada por el PAN, el PT y el PVEM habían presentado un proyecto de reforma constitucional en materia político-electoral para reformar de fondo al INE y los procesos electorales en México. La propuesta constitucional coincide con la del Presidente en algunos puntos, como modificar la redacción constitucional por un lenguaje con perspectiva de género e incluyente, así como el voto por medios electrónicos; sin embargo, son más los puntos en los que hay divergencias.
De entrada, la propuesta del PT no plantea «suprimir» al INE y en su lugar elimina el Comité Técnico para la Elección de las Consejerías, y sustituye a la Unidad Técnica de Fiscalización por una «Unidad Especializada de Fiscalización», cuya persona titular será designada por la Cámara de Diputados.
Otra diferencia es que la iniciativa del Partido del Trabajo no elimina los OPLEs ni tampoco prevé la eliminación de 200 diputaciones y 28 senadurías, como en la del Jefe del Ejecutivo.
Además, introduce nuevos mecanismos de participación ciudadana, como lo son el referéndum y los plebiscitos, y establece que las personas en prisión preventiva «no estarán sujetas a la suspensión de derechos políticos, privilegiando la presunción de inocencia», por lo que tendrán derecho al voto.
Mientras que la iniciativa del PVEM también conserva al órgano electoral y propone coaliciones con un solo emblema y mantener el registro con 3% de la votación, entre otras cosas, pero no la sustitución del INE o la eliminación de plurinominales en el Congreso. La otra propuesta de fondo es la reforma constitucional del PAN, presentada esta misma semana, y que en palabras del propio coordinador de ese partido en San Lázaro, Jorge Romero, «fortalece a las instituciones electorales en lugar de minarlas».
El proyecto contempla la creación de tres nuevas figuras: segunda vuelta electoral, nulidad de elecciones donde participe la delincuencia organizada y lista B de candidatos a legisladores.
También prevé el fortalecimiento de marco legal para los gobiernos de coalición; regulación de las mañaneras en tiempos electorales; elecciones primarias abiertas para definición de las candidaturas; regulación a la sobrerrepresentación y el transfuguismo; el voto electrónico; la representación juvenil en el Congreso y la regulación para la declinación de candidaturas.
En la misma materia, la bancada del PRI presentará su iniciativa constitucional hoy, mientras que el PRD adelantó que lo hará dentro de un mes «porque no hay prisas».
Iniciativas.
En la Cámara de Diputados se encuentran formadas -desde la 64 Legislatura- un total de 246 iniciativas en materia electoral, a las cuales no se les ha dado trámite; ninguna desaparece al órgano electoral.
En la 64 Legislatura se presentaron 194 iniciativas:
*PRI: 18
*PAN: 28
*PRD: 32
*MC: 28
*Morena: 56
*PVEM: 13
*PT: 19
En lo que va de la 65 Legislatura, van 52 propuestas en la materia:
*PRI: seis
*PAN: siete
*PRD: una
*MC: cinco
^*Morena: 25
*PT: seis
*PVEM: dos. Sun
