sábado, noviembre 26, 2022
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INDICADOR POLÍTICO

Error Estratégico de Monreal:
Meter Seguridad en el 2024
Carlos Ramírez

La estrategia de seguridad pública entrará hoy en una dinámica marcada por la incertidumbre y podría estar construyendo un choque de trenes en el contexto de la sucesión presidencial de 2024: el líder senatorial Ricardo Monreal Avila pareció no tener voluntad política para construir la mayoría calificada que permitiera la extensión de los militares en seguridad por otros cuatro años más y decidió tomar el control de una estrategia que corresponde de manera exclusiva al presidente de la República.
Mientras el presidente López Obrador está impulsando una consulta para involucrar a la sociedad en el apoyo a la participación constitucional de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por la crisis de seguridad interior que está afectando el desarrollo nacional, Monreal está construyendo un consenso entre todos los partidos que replantearía la propuesta original de solo extenderte la autorización por cuatro años y para ello estaría cediendo exigencias políticas que le atarían las manos a las estructuras militares para combatir lo que oficialmente ya se conoce como un poder cuasimilitar del crimen organizado.
Hasta donde se tienen datos, Monreal no estaría dándole funcionalidad a la estrategia presidencial, sino que está aprovechando su espacio político-legislativo para definir su propia propuesta de estrategia de seguridad en caso de ser candidato de Morena, de alguna coalición o independiente a la presidencia en 2024.
La propuesta que está negociando Monreal no responde al momento actual en que se encuentran el fortalecimiento de los grupos delictivos que están dictando los ritmos de la seguridad, sino que anda en busca de un acuerdo de consenso que se rinda a las exigencias de la oposición para permitir la presencia militar en seguridad pública más allá del vencimiento del Quinto Transitorio constitucional a mediados de 2024.
Del lado contrario, aunque también con limitaciones en la consecución de los objetivos, la estrategia gubernamental de seguridad pública se basa en el enfoque y la doctrina de la seguridad interior, es decir, la percepción de que las bandas criminales del crimen organizado –del narco y otros delitos– ya rebasaron los escenarios de la seguridad pública –o la afectación del patrimonio de las personas– y se localiza en el terreno de la disputa territorial, económica y de gobierno por las bandas que están capturando espacios territoriales de la soberanía del Estado para imponer la gobernanza de la delincuencia.
A pesar de que la oposición ha llegado a ser gobierno presidencial e intermedios, sus legisladores siguen sin entender el marco de las doctrinas de seguridad que determinan las políticas operativas. El Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa no son grupos de carteristas, sino que tienen capacidad económica, de corrupción y de fuerza para estar sustituyendo la autoridad del Estado en los territorios ocupados.
La iniciativa para adelantar un plazo adicional a la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la Seguridad Pública por razones de crisis de la seguridad interior –es decir: la hegemonía del Estado– se explica con dos criterios fundamentales: la Guardia Nacional está en su fase de construcción y no estará funcionando al 100% en 2024 y de todos modos las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad para mantener la soberanía del Estado en zonas territoriales del interior de la República que están siendo capturadas por el crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas fueron lanzadas a la seguridad pública en diciembre del 2006 por el presidente Felipe Calderón sin contar con un marco jurídico adecuado y sin regular el funcionamiento de esa colaboración. El presidente Peña Nieto aprobó a finales del 2018 la Ley de Seguridad Interior que regulaba la forma de funcionar la participación militar en seguridad pública, pero de manera paradójica los sectores lopezobradoristas la llevaron a la “invalidez total” y ahora López Obrador en el Poder Ejecutivo se está percatando de que el único camino para formalizar las tareas de las Fuerzas Armadas en el espacio de la seguridad interior del Estado sería el de una ley de seguridad interior.
La propuesta de Monreal para reformar el Quinto Transitorio es la de la oposición e implicaría un replanteamiento total de la estrategia lopezobradorista de seguridad pública y desde luego una nueva iniciativa que no es la que presentó el presidente López Obrador a través de una alianza con el PRI.
La seguridad podría estar en el umbral de un error estratégico monumental: politizar la estrategia contra el poder cuasimilitar del crimen organizado.
Política Para Dummies: La política es el camino más corto para pervertir la seguridad.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
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https://t.co/2cCgm1Sjgh

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La estrategia de seguridad pública entrará hoy en una dinámica marcada por la incertidumbre y podría estar construyendo un choque de trenes en el contexto de la sucesión presidencial de 2024: el líder senatorial Ricardo Monreal Avila pareció no tener voluntad política para construir la mayoría calificada que permitiera la extensión de los militares en seguridad por otros cuatro años más y decidió tomar el control de una estrategia que corresponde de manera exclusiva al presidente de la República.
Mientras el presidente López Obrador está impulsando una consulta para involucrar a la sociedad en el apoyo a la participación constitucional de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por la crisis de seguridad interior que está afectando el desarrollo nacional, Monreal está construyendo un consenso entre todos los partidos que replantearía la propuesta original de solo extenderte la autorización por cuatro años y para ello estaría cediendo exigencias políticas que le atarían las manos a las estructuras militares para combatir lo que oficialmente ya se conoce como un poder cuasimilitar del crimen organizado.
Hasta donde se tienen datos, Monreal no estaría dándole funcionalidad a la estrategia presidencial, sino que está aprovechando su espacio político-legislativo para definir su propia propuesta de estrategia de seguridad en caso de ser candidato de Morena, de alguna coalición o independiente a la presidencia en 2024.
La propuesta que está negociando Monreal no responde al momento actual en que se encuentran el fortalecimiento de los grupos delictivos que están dictando los ritmos de la seguridad, sino que anda en busca de un acuerdo de consenso que se rinda a las exigencias de la oposición para permitir la presencia militar en seguridad pública más allá del vencimiento del Quinto Transitorio constitucional a mediados de 2024.
Del lado contrario, aunque también con limitaciones en la consecución de los objetivos, la estrategia gubernamental de seguridad pública se basa en el enfoque y la doctrina de la seguridad interior, es decir, la percepción de que las bandas criminales del crimen organizado –del narco y otros delitos– ya rebasaron los escenarios de la seguridad pública –o la afectación del patrimonio de las personas– y se localiza en el terreno de la disputa territorial, económica y de gobierno por las bandas que están capturando espacios territoriales de la soberanía del Estado para imponer la gobernanza de la delincuencia.
A pesar de que la oposición ha llegado a ser gobierno presidencial e intermedios, sus legisladores siguen sin entender el marco de las doctrinas de seguridad que determinan las políticas operativas. El Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa no son grupos de carteristas, sino que tienen capacidad económica, de corrupción y de fuerza para estar sustituyendo la autoridad del Estado en los territorios ocupados.
La iniciativa para adelantar un plazo adicional a la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la Seguridad Pública por razones de crisis de la seguridad interior –es decir: la hegemonía del Estado– se explica con dos criterios fundamentales: la Guardia Nacional está en su fase de construcción y no estará funcionando al 100% en 2024 y de todos modos las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad para mantener la soberanía del Estado en zonas territoriales del interior de la República que están siendo capturadas por el crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas fueron lanzadas a la seguridad pública en diciembre del 2006 por el presidente Felipe Calderón sin contar con un marco jurídico adecuado y sin regular el funcionamiento de esa colaboración. El presidente Peña Nieto aprobó a finales del 2018 la Ley de Seguridad Interior que regulaba la forma de funcionar la participación militar en seguridad pública, pero de manera paradójica los sectores lopezobradoristas la llevaron a la “invalidez total” y ahora López Obrador en el Poder Ejecutivo se está percatando de que el único camino para formalizar las tareas de las Fuerzas Armadas en el espacio de la seguridad interior del Estado sería el de una ley de seguridad interior.
La propuesta de Monreal para reformar el Quinto Transitorio es la de la oposición e implicaría un replanteamiento total de la estrategia lopezobradorista de seguridad pública y desde luego una nueva iniciativa que no es la que presentó el presidente López Obrador a través de una alianza con el PRI.
La seguridad podría estar en el umbral de un error estratégico monumental: politizar la estrategia contra el poder cuasimilitar del crimen organizado.
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La propuesta que está negociando Monreal no responde al momento actual en que se encuentran el fortalecimiento de los grupos delictivos que están dictando los ritmos de la seguridad, sino que anda en busca de un acuerdo de consenso que se rinda a las exigencias de la oposición para permitir la presencia militar en seguridad pública más allá del vencimiento del Quinto Transitorio constitucional a mediados de 2024.
Del lado contrario, aunque también con limitaciones en la consecución de los objetivos, la estrategia gubernamental de seguridad pública se basa en el enfoque y la doctrina de la seguridad interior, es decir, la percepción de que las bandas criminales del crimen organizado –del narco y otros delitos– ya rebasaron los escenarios de la seguridad pública –o la afectación del patrimonio de las personas– y se localiza en el terreno de la disputa territorial, económica y de gobierno por las bandas que están capturando espacios territoriales de la soberanía del Estado para imponer la gobernanza de la delincuencia.
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La iniciativa para adelantar un plazo adicional a la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la Seguridad Pública por razones de crisis de la seguridad interior –es decir: la hegemonía del Estado– se explica con dos criterios fundamentales: la Guardia Nacional está en su fase de construcción y no estará funcionando al 100% en 2024 y de todos modos las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad para mantener la soberanía del Estado en zonas territoriales del interior de la República que están siendo capturadas por el crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas fueron lanzadas a la seguridad pública en diciembre del 2006 por el presidente Felipe Calderón sin contar con un marco jurídico adecuado y sin regular el funcionamiento de esa colaboración. El presidente Peña Nieto aprobó a finales del 2018 la Ley de Seguridad Interior que regulaba la forma de funcionar la participación militar en seguridad pública, pero de manera paradójica los sectores lopezobradoristas la llevaron a la “invalidez total” y ahora López Obrador en el Poder Ejecutivo se está percatando de que el único camino para formalizar las tareas de las Fuerzas Armadas en el espacio de la seguridad interior del Estado sería el de una ley de seguridad interior.
La propuesta de Monreal para reformar el Quinto Transitorio es la de la oposición e implicaría un replanteamiento total de la estrategia lopezobradorista de seguridad pública y desde luego una nueva iniciativa que no es la que presentó el presidente López Obrador a través de una alianza con el PRI.
La seguridad podría estar en el umbral de un error estratégico monumental: politizar la estrategia contra el poder cuasimilitar del crimen organizado.
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