(Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental [CEMDA])
En días pasados, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), hizo del conocimiento público las cuentas ecológicas 2021. Dichas cuentas, presentan «el valor económico del impacto al medio ambiente y los recursos naturales derivado de las actividades económicas en referencia al Producto Interno Bruto (PIB), así como el monto erogado para la protección del medio ambiente».
Tomando en cuenta lo anterior, lo primero que hay que resaltar es que en el año 2021, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental fueron de 1,177,969 millones de pesos, lo que equivale a 4.6% del producto Interno bruto nacional. Si lo vemos desde la óptica de las emisiones a la atmósfera, estás representaron un 2.6% respecto al PIB nacional lo que las ubica como el mayor costo ambiental seguido de los costos por afectaciones a los suelos con un 0.7% y los costos relacionados con la generación de residuos sólidos urbanos con un 0.4%.
El gasto total del sector público para la protección ambiental en el 2021 fue de 109,115.4 millones de pesos, lo que representa tan sólo el 0.45% del PIB nacional mientras que en el 2021 dicho porcentaje fue de 0.46%. El gasto total realizado por el sector público en el 2021 en México, como proporción del PIB, equivale a una cifra parecida a las de Austria, Suecia y Dinamarca.
En contraste con estos porcentajes, en Países Bajos el gasto en protección ambiental como proporción del PIB representó en el 2021 el 1.5% y en España del 1%. De acuerdo con las actividades consideradas, los principales gastos en el cuidado del medio ambiente en México, entre otras, se dirigieron a la protección del aire y clima con un 37.2%, seguido de un 18.6% para aguas residuales y un 18.6% para el manejo de residuos.
Adicionalmente, «el agotamiento por extracción de hidrocarburos tuvo un costo de 73,349.6 millones de pesos (0.7% del PIB), el agotamiento de agua subterránea tuvo un agotamiento de 60,062.7 millones (0.2% del PIB), las aguas residuales no tratadas tuvieron un costo de 50,415.4 millones (0.2% del PIB) y los costos del agotamiento de recursos forestales fue de 40,952.4 millones de pesos (0.2% del PIB)».
Todas estas cifras, datos y porcentajes con respecto al costo de la degradación ambiental y los gastos en los que incurre el sector público en el sector del medio ambiente y recursos naturales nos llevan a urgir a la Administración Pública Federal a que le dé al rubro del medio ambiente y los recursos naturales la prioridad que se merece y, en consecuencia, se incremente gradualmente el presupuesto público para garantizar, entre otras cosas, la operación y el manejo efectivo de instituciones cada más debilitadas presupuestariamente hablando, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que tiene a su cargo la conservación del 33% del territorio nacional y paradójicamente enfrenta un recorte presupuestario de 73.8 millones de pesos (términos reales).
Es decir, 7.3% menos en comparación con el presupuesto asignado en el 2022. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), esta tendrá un aumento real de apenas 0.7% respecto al presupuesto asignado en el 2022.
¿Tendrán los Diputados y el Poder Ejecutivo el entendimiento y la sensibilidad necesaria para hacerlo? De no ser el caso, las posibilidades de revertir en el tiempo las tendencias del deterioro ambiental en el país serán cada vez menores en detrimento de nuestra salud, calidad de vida y nuestra vida misma. Sun
