Gran Angular
Raúl Rodríguez Cortés
En menos de una semana, el gobierno de la 4T logró algo que parecía imposible: conjuntar tres crisis que representan una amenaza grave a la estabilidad nacional.
Simultáneamente transcurren una huelga de maestros que con sus marchas y bloqueos de avenidas colapsan la vida de millones de personas en el corazón del país; un inminente paro nacional de distribuidores de gas asfixiados por una sobrerregulación que incluye la contención artificial del precio del combustible; y una creciente protesta de ciudadanos que consideran que la elección popular de jueces amenaza con debilitar la independencia del Poder Judicial.
Las tres ameritan, por supuesto, atención urgente, pero poco se ha hablado de las razones y eventuales consecuencias de la crisis del gas LP, no sólo por el impacto que el paro de distribuidores anunciado para la primera semana de junio tendría al paralizar el abasto del energético a millones de hogares, industrias, comercios y servicios, sino por el trasfondo político que la alimenta.
El gobierno ha mantenido desde 2021 un tope artificial al precio del gas LP con la incuestionable intención de proteger la economía familiar, pero sin considerar que, al cabo de casi cuatro años, los aumentos salariales y los registrados en combustibles, logística y mantenimiento, sumados a la política de precios rígida y la camisa de fuerza regulatoria, tienen a los gaseros al borde del colapso financiero, mientras que los expendedores de gasolina y el diésel operan con precios libres y ajustables.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) atribuyen la responsabilidad de esta crisis a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar quien -asegura- se ha mostrado intransigente con los llamados al diálogo del sector gasero.
Pero más preocupante que su «sordera burocrática», como la califican, son los intereses políticos y personales que podrían estar detrás de esa actitud.
El objetivo de fondo, según denuncia AMEXGAS, sería provocar el colapso de las compañías de gas LP tradicionales para abrir espacio a nuevos operadores afines al «obradorismo», controlados por amigos y aliados políticos que ya se posicionan como intermediarios estratégicos en el sector.
De confirmarse este movimiento, estaríamos ante una de las operaciones de desmantelamiento económico más graves en la historia reciente disfrazada de política social; estaríamos ante la conversión de un bien público en un botín político y ante la intención de controlar el gas doméstico para usarlo como instrumento de poder y clientelismo.
Dicho de otro modo: una «expropiación blanda» sin decretos, pero con el mismo efecto: desplazar a los actores establecidos y colocar a los afines.
Si la 4T sigue acumulando conflictos sin resolver (maestros, gaseros, jueces, agricultores, transportistas) su legitimidad no caerá por una gran causa, sino por la suma de todas las pequeñas traiciones al sentido común.
Cuando se prioriza la política de facción sobre la del bien común, no se transforma a la nación, se dinamita su estructura. Sun
