Ir a la Raíz: Violencia y Juventudes en México
Eunice Rendón
En la última década, casi 27 mil niñas, niños y adolescentes han sido asesinados en México; sólo de enero a septiembre de este año, 576 perdieron la vida de manera dolosa, incluyendo 45 feminicidios.
En el mismo periodo, las víctimas menores de trata por grupos delictivos aumentaron casi 70%. Los suicidios entre jóvenes de 5 a 19 años crecieron más del 11%, sobre todo entre los 15 y 19 años. Uno de cada cinco jóvenes de 15 a 29 años ni estudia ni trabaja, y muchos comienzan a consumir drogas desde muy temprano: 40% entre los 13 y 15 años, y 23% entre los 16 y 18.
Es en este contexto que los grupos delictivos compiten por reclutar jóvenes. Aprovechan la precariedad estructural para sostener y expandir sus economías. Con alrededor de 185 mil personas empleadas, el narcotráfico se ubica como el quinto mayor generador de empleo en México.
El reclutamiento de jóvenes ocurre de múltiples maneras: a la fuerza, mediante engaños o por decisión propia, siempre en un contexto de desánimo estructural y ausencia de proyecto de vida. La combinación de lealtad, ambición, miedo y necesidad empuja incluso a niños de 13 o 14 años a actuar como sicarios.
Además, hoy esta práctica trasciende el terreno físico y se expande al digital, donde a jóvenes les ofrecen supuestos apoyos, empleos y oportunidades con pagos que superan los ingresos familiares. Ahí el crimen construye identidad y comunidad mediante mensajes.
El trabajo con juventudes en pandillas, prisiones y comunidades afectadas por marginación y violencia persistente revela historias similares: abandono escolar temprano, violencia familiar, comunitaria e institucional, y consumo problemático de sustancias. Profundas carencias sociales y emocionales, junto con una sensación de desesperanza y la impresión de que su futuro “ya está escrito”.
Los grupos delictivos ocuparon un vacío donde las instituciones llegan tarde, ofreciendo pertenencia, reconocimiento e identidad.
Se requiere la presencia real y constante de autoridades, más allá de discursos y persecuciones. Atender las causas de la violencia entre juventudes en riesgo exige al menos 5 cambios profundos:
Primero, es necesario tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como un delito específico, con obligaciones claras de prevención, investigación y reparación.
Segundo, impulsar proyectos de prevención en territorios con alta violencia contra NNA, trabajando con juventudes expuestas al delito mediante deporte, arte, cultura, acompañamiento psicoemocional, mediación de conflictos y construcción de proyectos de vida, diseñados desde y con el territorio.
Tercero, crear un vínculo real entre escuela y proyecto de vida, con apoyos reales como becas focalizadas, tutorías, y formación vinculada a oportunidades laborales. Sin alternativas tangibles, la educación deja de ser un incentivo frente al crimen.
Cuarto, abordar el entorno digital como un espacio clave de seguridad. La política pública debe dialogar con las plataformas, exigir transparencia, establecer protocolos de detección temprana y, al mismo tiempo, capacitar a docentes, familias y jóvenes para identificar riesgos y ganchos.
Quinto, poner a las juventudes en riesgo en el corazón de la agenda de seguridad: políticas, planes y presupuestos deben incluir de manera prioritaria acciones y mecanismos y metas dirigidos a esta población.
La falta de oportunidades es estructural, no coyuntural; aunque el diagnóstico del Gobierno es acertado, las políticas solo serán efectivas si se planifican a mediano y largo plazo, dignifican a los jóvenes y promueven su participación activa en la sociedad, debilitando la base social del crimen y rompiendo ciclos de violencia. Sun
