José Rubinstein
Desde la entrada efectiva, en 1980, del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el flujo de extradiciones se ha ido intensificando, primordialmente por la creciente presión de Washington.
A partir de los años 2000, México ha extraditado a más de 1,200 personas, más de 300 durante López Obrador, y ahora con Sheinbaum, la cifra a enero de 2026 ascendía a 92 extraditados.
Hace tres meses, México entregó 29 personas solicitadas por Estados Unidos con inusual rapidez, dejando clara señal de cooperación expedita.
Se ha intentado presentar el tema como un dilema jurídico, inquiriendo si México puede juzgar primero, si el principio de no doble enjuiciamiento lo permite o si existen condiciones para retener a los acusados en territorio nacional.
El tratado establece un mecanismo preciso en que Estados Unidos puede solicitar una detención provisional y, a partir de ese momento, tiene 60 días para formalizar su solicitud con pruebas suficientes. Todo eso es válido, pero es accesorio, Estados Unidos no está esperando a que México resuelva sus tiempos judiciales, ya tiene bajo su jurisdicción a piezas clave del crimen organizado, ya está obteniendo información, ya está reconstruyendo estructuras, el proceso en realidad ya comenzó
México tiene una salida legal: negar la extradición decidiendo juzgar los mismos hechos en su propio territorio. Es válido en papel, pero en la práctica, abrir procesos para frenar extradiciones puede interpretarse como una táctica dilatoria si no se sostiene con investigaciones reales.
Estados Unidos no es un actor pasivo, puede presionar, escalar o reformular acusaciones, tal como ya lo hizo, advirtiendo dentro de su estrategia de control de drogas que, si México no cumple, la cooperación robusta podría deteriorarse, o sea, la colaboración tiene condiciones. Esta vez se trata de un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, morenista cercano al poder.
El riesgo de que, bajo proceso en Estados Unidos, Rocha -y los otros señalados- aporten información es real y comprometedora. Una extradición de esta dimensión puede contribuir a acelerar el efecto dominó, otros actores políticos de similar rango podrían ir cayendo. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum concede las extradiciones, la Presidenta será señalada de entreguista, de renunciar a juzgar en casa delitos ocurridos en territorio nacional, de verse sometida a Washington.
Si niega o retrasa las extradiciones, será criticada por proteger a los suyos y tensar la relación con Estados Unidos en un momento especialmente delicado, en plena revisión del T-MEC. Pierde en ambos supuestos.
México puede intentar procesar los casos en casa, pero si lo hace, tendrá que sostenerlos con rigor absoluto, porque si se perciben como simulación, las reacciones serán devastadoras. Consideremos que Estados Unidos ya está obteniendo información de quienes tiene bajo su jurisdicción, ya tiene expedientes integrados y los está robusteciendo.
Esto dejó de ser un dilema jurídico para convertirse en un ejercicio de poder donde cada decisión abre la puerta a la siguiente. El verdadero riesgo es que las extradiciones se tornen práctica común, que dejen de discutirse y empiecen a asumirse, porque entonces lo que se pierde ya no es un caso, es la capacidad de decidir. Sun
