Por Ernesto L. Quinteros
Persiste la Contaminación en la Comunidad La Soledad en Cacahoatán, Nadie Hace Nada: Pobladores
Resulta cada vez más difícil explicar la contradicción que existe entre el discurso y la realidad de algunos gobiernos municipales emanados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la región fronteriza de Chiapas. Mientras sus dirigentes y representantes se presentan como defensores del medio ambiente, los hechos parecen demostrar exactamente lo contrario.
El caso de Cacahoatán es quizá uno de los ejemplos más evidentes. Desde hace meses, habitantes de la comunidad La Soledad han denunciado la operación de un basurero irregular que continúa funcionando a pesar de inspecciones, clausuras anunciadas y la intervención de dependencias federales como la PROFEPA, la CONAGUA y la SEMARNAT. La basura sigue llegando, los lixiviados continúan escurriendo y el riesgo para el río Cahoacán permanece latente.
Lo más preocupante no es únicamente la existencia del tiradero, sino la aparente incapacidad o falta de voluntad para resolver el problema. Los ciudadanos observan cómo las toneladas de residuos se siguen acumulando mientras las autoridades municipales guardan silencio o minimizan una situación que podría derivar en una crisis ambiental de mayores dimensiones.
La ironía es difícil de ignorar. En teoría, un gobierno encabezado por un alcalde surgido de las filas del Partido Verde debería ser el primero en garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, promover el manejo adecuado de los residuos sólidos y proteger los recursos naturales. Sin embargo, en la práctica, pareciera que ocurre exactamente lo contrario.
En Cacahoatán, el edil, Víctor Pérez Saldaña cayó en los mismos errores que tanto critico de su antecesor. Pero igual los habitantes de este municipio fronterizo sin temor a equivocarme le van a cobrar la factura en el próximo proceso electoral.
La situación de La Soledad expone además una preocupante normalización de la impunidad ambiental. Si ya hubo denuncias, inspecciones y conocimiento pleno del problema por parte de las autoridades competentes, resulta legítimo preguntarse por qué el basurero sigue operando. ¿Quién protege a los responsables? ¿Por qué no existen sanciones ejemplares? ¿Qué intereses pesan más que la salud de la población y la conservación de los recursos naturales?
Mientras las respuestas no lleguen, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: que contaminar sale barato y que las leyes ambientales pueden ignorarse sin consecuencias.
El río Cahoacán no es solamente un cuerpo de agua. Es una fuente de vida, de trabajo y de sustento para cientos de familias. Permitir que los lixiviados de un basurero irregular amenacen su equilibrio ecológico representa una irresponsabilidad que no puede justificarse bajo ningún argumento administrativo o presupuestal.
Los gobiernos pasan, pero los daños ambientales permanecen durante décadas. Los mantos freáticos contaminados, los suelos degradados y los ecosistemas afectados no distinguen colores partidistas. Tampoco entienden de campañas electorales ni de discursos políticamente correctos.
Por eso, más allá de las siglas, la ciudadanía tiene derecho a exigir congruencia. Si un partido se presenta como defensor del medio ambiente, sus gobiernos deberían ser ejemplo de protección ambiental y no protagonistas de escándalos relacionados con contaminación.
La historia reciente de la frontera sur parece demostrar una amarga paradoja: quienes más hablan de ecología son, en muchos casos, quienes menos la practican desde el poder. Y mientras esa contradicción continúe, el color verde seguirá siendo solamente un logotipo de campaña y no un verdadero compromiso con la naturaleza. ¿Alguien dijo que quería un cambio?
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!
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