Miguel Sarre
El presidente salvadoreño presume su sistema de prisiones de supermax. Argumenta que es necesario para traer paz a sus calles. Parece evidente que lo intentado por los gobiernos anteriores no funcionó, pero de ello no se sigue que su respuesta sea justa ni viable.
Bukele se monta en una falsa disyuntiva, muy extendida en el mundo entero, inclusive en entornos democráticos, que oponen la rehabilitación a la represión. Bajo esta dicotomía, la inoperancia de la rehabilitación justifica recurrir a la mano dura como el mal menor.
El problema de raíz está en nosotros, en nuestras aulas y tribunales, no en Bukele: lo opuesto a la represión no es la rehabilitación, sino el debido proceso en la ejecución penal (no solo durante el juicio).
Aunque en las más diversas constituciones políticas, leyes e incluso instrumentos internacionales, se postule la rehabilitación, estamos ante una quimera; un reflejo de las ideas de la redención compartidas por los sistemas políticos totalitarios del siglo pasado y las grandes religiones; los primeros con la promesa de una sociedad purista o sin clases, mientras que las segundas con la promesa del paraíso o del cielo. De ahí su enorme peso en todas las culturas; de ahí también que la rehabilitación se conjugue en tiempo futuro.
La rehabilitación pertenece al lenguaje de la medicina y acaso al del alma, pero no al de la esfera pública, donde las consecuencias de los hechos que lo ameriten solo pueden derivar en «una prisión con ley», como la definiera el jurista argentino Alberto Bovino.
Al igual que para garantizar un juicio justo, en las prisiones necesitamos del debido proceso, que no es otra cosa que el camino que separa la justicia de la venganza. Es decir, reglas para resolver los conflictos entre las personas presas y las autoridades bajo cuya responsabilidad se encuentran.
De ahí que hablando de la prisión debamos elegir entre debido proceso o venganza, y no quedar atrapados en la falsa dicotomía entre rehabilitación y venganza.
Hay otra falacia hija de la anterior, que es pensar que desde la cárcel se puede reconstruir el tejido social y conseguir la seguridad. Ciertamente la impunidad no ayuda a la seguridad, pero esta no es tarea de jueces sino de autoridades administrativas; desde la prestación de los servicios públicos, incluyendo transporte y alumbrado, hasta las funciones específicas de prevención de los delitos mediante policías vinculadas a las comunidades que sirven; no ejércitos de intervención.
Optar por la venganza implica adquirir un crédito impagable por esta y las futuras generaciones; la violencia ilegítima no se sofoca; solo se transforma. No es extraño que se revierta y cobre nuevas víctimas incluso en su propio entorno. En El Salvador, en México y en otras partes queremos estar libres de pandillas y de extorsiones sí, pero también de juicios injustos, de violencia intrafamiliar, de desapariciones y de ejecuciones extrajudiciales.
La vida no ha hecho promesas, pero sí podemos cambiarla con coraje. Sun
