Ricardo Homs
La declaración de Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos respecto a desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional ubicada en La Haya, Holanda, para juzgar a militares y ciudadanos norteamericanos que hayan cometido delitos contra un país extranjero o sus ciudadanos, es muy grave, pues rompe con el orden internacional.
Incluso ha manifestado un plan de su país para iniciar una escalada en contra de dicha corte, para aniquilarla, lo cual significa un gravísimo retroceso universal contra el Estado de Derecho.
El que un país que durante el siglo XX representó ser un bastión de la legalidad y que ha pretendido convertirse en el «policía del mundo» se niegue a respetar la autoridad de la Corte Penal Internacional si ésta quisiera juzgar a norteamericanos, representa una crisis jurídica para el mundo, pues no puede haber excepciones.
Equivale a «mirar la paja en el ojo ajeno…», cuando sabemos que la autoridad moral de una persona o de un país se mide poniendo el ejemplo, respetando la ley.
El Estatuto de Roma es el tratado internacional que sustenta la autoridad de la Corte Penal Internacional y fue firmado el 17 de julio de 1998, en Roma, por 120 países -entre ellos México- y entró en vigor el primero de julio del 2002.
El presidente Bill Clinton firmó el tratado el 31 de diciembre del año 2000. Sin embargo, el presidente George W. Bush desconoció la firma en mayo del 2002 y avisó a la ONU que no lo ratificaría. A su vez Rusia, China, Israel y la india, entre otras naciones principalmente de África, tampoco lo firmaron.
Esta decisión norteamericana de no reconocer la autoridad de la Corte Internacional se dio precisamente en el contexto de las guerras libradas contra Afganistán e Irak por el presidente Bush, como respuesta al atentado terrorista islámico contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001.
Seguramente hoy, el gobierno norteamericano está pensando en el problema que se le podría venir encima a partir del asesinato de residentes latinoamericanos en Estados Unidos por parte del ICE, abuso policial perpetrado por mentes criminales que el mismo gobierno norteamericano no ha castigado. O quizá los bombardeos sobre Irán y algunas operaciones internacionales que pretendan realizar próximamente contra otros países.
Esta Corte ya abrió un expediente para el presidente de Rusia, Vladimir Putin -e incluso una orden de aprehensión emitida el 17 de marzo de 2023- por la deportación y traslado ilegal de niños ucranianos hacia Rusia, lo cual es considerado crimen de guerra, así como también contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y el ministro de guerra de ese país, YoavGallant, por utilizar el hambre como estrategia de guerra, así como otros actos inhumanos en Gaza. Órdenes emitidas con fecha del 21 de noviembre del 2024.
Estas declaraciones terminarán derrumbando todos los avances que durante décadas se fueron construyendo después de la Segunda Guerra Mundial para dar certeza y seguridad al mundo a partir de la aplicación de la ley.
Sin embargo, la Unión Europea y muchos países más -ante estas declaraciones de Marco Rubio- han salido a manifestar su solidaridad para con la Corte Penal.
Las declaraciones de Marco Rubio en estas fechas quizá representan un «curarse en salud» respecto a las próximas acciones que Estados Unidos pretende realizar.Sun
