Cuando el Desarrollo Deja Atrás a la Comunidad
Ernesto L. Quinteros
Las grandes obras de infraestructura suelen presentarse como símbolos de progreso. Se anuncian con cifras millonarias, promesas de crecimiento económico y discursos sobre el futuro.
Sin embargo, existe una pregunta que pocas veces ocupa el centro del debate: ¿qué ocurre con las personas que deben vivir todos los días entre la maquinaria, las vialidades cerradas y las decisiones tomadas desde un escritorio?
La inconformidad de los habitantes de la colonia Soconusco, en Acapetahua, no nace de un rechazo al desarrollo. Nace de una realidad mucho más sencilla y humana: la necesidad de poder salir de casa, cruzar su comunidad con seguridad, llegar al banco, acudir al centro de salud, vender sus productos o recibir una ambulancia sin que el camino se convierta en un obstáculo.
Cuando una calle principal deja de ser funcional, el impacto no se limita al tránsito vehicular. Se rompe la dinámica de una comunidad entera. Los pequeños comercios pierden clientes, las familias deben recorrer mayores distancias, los estudiantes tardan más en llegar a sus escuelas y los adultos mayores enfrentan riesgos que jamás deberían formar parte de su rutina.
Resulta particularmente preocupante que quienes más resientan esta situación sean precisamente las personas de la tercera edad. Muchos de ellos dependen de los apoyos sociales que cobran en el Banco del Bienestar.
Para algunos, ese recurso representa el dinero con el que compran medicamentos, alimentos o pagan servicios básicos. Si para cobrar ese apoyo deben caminar por accesos inseguros o improvisados, el Estado está fallando en su obligación más elemental: garantizar condiciones dignas para ejercer un derecho.
Las caídas reportadas por los habitantes no son simples accidentes. Son la evidencia de que una obra pública puede convertirse en un problema social cuando la planeación olvida que detrás de cada vialidad existen personas con necesidades distintas.
No es lo mismo pensar en un joven que puede rodear varios kilómetros, que en un adulto mayor con problemas de movilidad, una mujer embarazada, una persona con discapacidad o un padre que debe trasladar de emergencia a un hijo enfermo.
También preocupa la sensación de abandono que manifiestan los habitantes. Afirman que nadie les explica con claridad qué beneficios concretos obtendrá su comunidad. Se les pide paciencia y comprensión por las molestias de una obra de gran magnitud, pero no reciben información suficiente sobre cómo mejorará su calidad de vida una vez concluida.
El desarrollo no puede convertirse en un concepto que solo exista en los discursos oficiales. Debe sentirse en la vida cotidiana de las personas. Si una comunidad sacrifica su movilidad, su actividad económica y su tranquilidad, es justo que conozca cuáles serán las compensaciones y los beneficios reales que recibirá.
Existe otro aspecto que merece atención: la percepción de desigualdad. Los vecinos observan que algunos pasos permanecen abiertos para el tránsito de carga, mientras la población enfrenta dificultades para realizar actividades tan básicas como acudir al banco o trasladarse al mercado.
Esa diferencia alimenta la idea de que la logística de la obra está privilegiando el movimiento de mercancías por encima de las necesidades de quienes viven en el lugar.
La infraestructura no debe dividir comunidades; debe integrarlas. El éxito de un proyecto ferroviario no depende únicamente de la calidad de sus vías o de la velocidad de los trenes. También depende de la capacidad de respetar la vida cotidiana de las personas que habitan a su alrededor.
Las autoridades todavía tienen la oportunidad de corregir el rumbo. Escuchar a la ciudadanía no representa un retraso para el desarrollo; al contrario, fortalece la confianza y evita que los problemas crezcan hasta convertirse en conflictos sociales.
Cuando la población siente que su voz es tomada en cuenta, el diálogo sustituye a la confrontación.
Por hoy ahí la dejamos.
Nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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