*Campesinos sin Aspiraciones a Créditos.
Tapachula, Chiapas; 17 de abril. – La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) no quiere aceptar ningún registro ni documento de los productores en el país. Eso nos deja fuera de los programas gubernamentales y, para miles de familias es una noticia terrible, porque en el campo de la frontera sur nos estamos muriendo de hambre”.
Así se expresó en entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, Refugio Bravo Soto, juez auxiliar en el ejido El Naranjo, enclavado en la zona rural alta del municipio.
Señaló que funcionarios de esa dependencia, que sustituye a la Sagarpa de sexenios anteriores, no les ha querido hacer válidos los títulos de derechos parcelarios, las constancias de comisariados y de agentes municipales y sus credenciales con fotografías que les expidieron como productores nacionales.
De igual forma, los números de registro del Padrón Cafetalero y ningún otro documento para poder acceder a los programas agrícolas.
En lugar de ello, dijo, ahora están pidiendo una serie de requisitos que tienen que ser certificadas por la Secretaría Municipal de cada Ayuntamiento.
“Si eso lo está haciendo el gobierno como pretexto para no darlos los apoyos, que nos hablen claro”, abundó.
Según Bravo Soto, tan solo en Chiapas poco más de la mitad de los productores no podrán este año, por trabas administrativas, reunir los requisitos para los apoyos que fueron aprobados por el Congreso de la Unión
Consideró que, a alguien detrás de un escritorio en la Ciudad de México, se le hizo muy fácil desechar todos los protocolos de identificación y certificación de los productores, que requirieron de varios años, “y ahora han implementado otros sin tomar en cuenta la miseria en la ue viven los campesinos y la geografía de cada región”.
Y es que, según explicó, para conseguir esos nuevos documentos, los campesinos tienen que realizar muchos gastos y viajes desde la zona rural hacia la cabecera municipal, “cuando ni siquiera tienen para comer”.
Luego se quejó de que en el actual Ayuntamiento de Tapachula solamente se está atendiendo a comunidades o grupos de personas que están identificadas con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y que el resto de la sociedad, aunque sea apartidista, está fuera.
“Decían que iban a trabajar democráticamente, pero hay discriminaciones. Solamente están atendiendo a la población identificada con su partido y no para todo el pueblo”, detalló.
Además, que no hay una sola obra y que los condicionamientos de austeridad y de colaboración entre la sociedad y sus autoridades, tampoco las están valiendo.
Puso de ejemplo que, hasta el año pasado, el gobierno aportaba el material que se requería para pequeñas obras en las zonas rurales y que la comunidad ejidal proporcionaba la mano de obra, con la finalidad de ahorr y hacer más con menos.
Para esta ocasión, solicitaron formalmente al gobierno municipal que preside Oscar Gurría Penagos, el material que se requiere para hacer una sala de juntas en ese ejido, pero se las denegaron.
Ante la negativa, apelaron solicitando los lineamientos que se necesitan para ser beneficiados y que de respuesta les dijeron que todo eso se acabó y que ahora se debe de pedir la obra y que, de ser aprobada, llegará una constructora a hacerla, sin la intervención de la comunidad, “y eso quiere decir que lo que quieren no es ser austero, sino su moche”
Al hacer un balance de lo que ocurre en el campo, al menos en las regiones Soconusco, Sierra y Frontera Sur, afirmó que, literalmente, están abandonados y que la marginación aumentó.
Para ello recordó que, el año pasado, quedó priorizado 33 millones de pesos para la construcción del adoquinado de un tramo de la carretera que conduce a esa comunidad.
Pero, al pasar los meses y al no ver que se iniciara la obra, una comisión de ejidatarios decidió trasladarse a la capital, Tuxtla Gutiérrez, para conocer los motivos del atrasó, pero que les dijeron que el proyecto ha desaparecido y que no saben hacia dónde fueron canalizados los recursos.
Desesperados por la falta de obras, asegura que varios representantes comunitarios acudieron al Ayuntamiento para saber la planificación de este trienio en materia de infraestructura y que, según él, les dijeron que la inversión para la zona rural se dará hasta dentro de tres años, porque por lo pronto no hay dinero.
“Consideramos que el alcalde no tiene la capacidad para atender las necesidades del municipio”, dijo al reconocer que en la población tapachulteca no solo hay incertidumbre, sino también un malestar generalizado en contra de su autoridad municipal.
También se refirió al programa “Sembrando Vida”, a través del cual les darían supuestamente cinco mil pesos mensuales para cada productor de árboles, pero que hasta el momento solamente sigue siendo una promesa de campaña y que, fuera de eso, no hay otra cosa más para el campo.
Al preguntarles sobre la roya, dio a conocer que al menos la mitad de la superficie cultivada con café en la región tiene serias afectaciones por esa plaga y que por ello la producción se desplomó en la misma proporción.
Lamentó que el gobierno federal esté muy preocupado por darle trabajo y apoyos gubernamentales a los migrantes que entran de manera ilegal al país e incluso violentamente, cuando la situación en Chiapas es aún más grave.
De acuerdo a su opinión, un 60 por ciento de las tierras cultivadas con café en la entidad, han quedado abandonadas porque los hombres y los jóvenes migraron hacia otras partes del país o hacia los Estados Unidos, en busca de alguna oportunidad para darle sustento a sus familias.
“La mayoría de los jóvenes no ven futuro en el campo y están emigrando, En la atención de los cultivos solamente están quedando los ancianos, las mujeres y los niños, y ellos hacen lo que pueden para salir adelante, sin los médicos, medicamentos gratuitos, empleo y todos esos apoyos que les ofrecen a los extranjeros indocumentados y que se dan el lujo de no aceptarlos”, acotó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
