Los 2700 Millones y las Policías Municipales
Alejandro Hope
El viernes pasado, durante la sesión plenaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que «se destinarán dos mil 700 millones de pesos que con el concurso de los gobiernos estatales serán destinados para el equipamiento de los policías en los municipios que enfrentan los mayores índices de homicidios dolosos en el país». Señaló además que «estos recursos provienen del aseguramiento de cuentas que se utilizaron para la comisión de delitos como la extorsión».
Esto es a todas luces una buena noticia. Las policías municipales son un eslabón crucial en la cadena de seguridad y justicia. En buena parte del país, representan la primera ventanilla de contacto de la ciudadanía con el Estado y realizan funciones insustituibles de contención de la delincuencia, mantenimiento del orden público y provisión de servicios.
Se trata, sin embargo, de instituciones que están bajo acoso permanente y enfrentan restricciones presupuestales significativas. Las insuficiencias financieras, además, se han venido agudizando en años recientes como resultado de la eliminación en 2020 de subsidios federales para las policías municipales, específicamente el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Dada esa situación, hay que aplaudir el anuncio hecho por la secretaria Rodríguez. Sin duda, puede ayudar a mitigar las carencias que enfrentan algunos municipios. Me surgen, sin embargo, algunas preguntas al respecto:
1. ¿Cómo se seleccionarán los municipios que recibirán el apoyo? Según el anuncio, los recursos irán a «los municipios que enfrentan los mayores índices de homicidios dolosos en el país.» ¿Pero eso se refiere a tasa por 100 mil habitantes, número absoluto de homicidios o tasa de crecimiento? La lista puede ser muy distinta dependiendo del criterio que se utilice.
2. ¿Por qué se pretende limitar el apoyo a la adquisición de equipo? Los recursos de Fortaseg podían usarse, por ejemplo, para la certificación del personal o la formación inicial de los elementos. Para muchos municipios es preferible gastar en la capacitación de policías que en patrullas ¿Cuál es la lógica que lleva al gobierno federal a privilegiar el equipamiento?
3. Si se reconoce la necesidad de dotar de recursos a las policías municipales, ¿por qué se decidió acabar con el Fortaseg desde el ejercicio fiscal 2020? Sin obviar los problemas que tenía ese fondo, ¿no hubiera sido más fácil modificar sus reglas de operación que eliminarlo para luego crear un símil?
4. ¿Se trata de un apoyo único? ¿O se convertirá en un programa permanente? Si es lo segundo, ¿cómo se piensa fondear en años subsiguientes, ya que, según lo anunciado, la transferencia se financiará con recursos no recurrentes (aseguramiento de cuentas)? Si es lo primero, ¿cómo se pagará en el futuro el mantenimiento de los equipos adquiridos?
5. La secretaria Rodríguez afirmó que la transferencia se realizará «con el concurso de los gobiernos estatales» ¿Eso significa que las tesorerías de las entidades federativas tendrán que poner recursos de contrapartida? ¿Eso ya está considerado en los presupuestos estatales?
6. ¿Cómo se evaluará el éxito del apoyo? ¿Con la tasa de homicidio como métrica? De ser el caso, ¿cuál es la teoría de impacto detrás del subsidio? ¿Por qué se asume que un mejor equipamiento de policías municipales debe conducir a una reducción en la incidencia de ese delito específico?
Estas interrogantes no le quitan mérito al anuncio. Como sea, parece una buena idea voltear a ver a las policías municipales. Pero ofrecer más detalles ayudaría a valorar en mejor medida la importancia de la decisión. Sun
