*Por Conductas Delictivas.
Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre.- La Asociación de Jubilados y Pensionados del Sureste Mexicano solicitó este jueves la intervención del Gobierno Federal para castigar a quienes resulten responsable en el presunto desvío de recursos destinados a los adultos mayores en el sexenio que acaba de concluir.
Para ello, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, que, como parte de su programa de combate a la corrupción, se realice una segunda verificación de todo lo ocurrido en los programas destinados para grupos vulnerables, independientemente de los que ya se han hecho por parte de los órganos contralores.
Además, una vez que se confirme el supuesto desfalco y la participación de servidores públicos para beneficiarse, se haga público el castigo a que serán acreedores.
Y es que derivado de diversas auditorías que las autoridades federales ordenaron que se hicieran a la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se detectó infinidad de irregularidades en el Programa de Pensión para Adultos Mayores en diversas regiones del país.
En un informe al que hicieron alusión, se detalla que el Órgano Interno de Control detectó hechos, presumiblemente constitutivos de faltas administrativas y conductas delictivas cometidas por personas que tenían como responsabilidad el registro de los adultos mayores en el padrón, así como la acreditación de su supervivencia.
Por lo mismo, según la Auditoría Superior de la Federación, fueron suspendidos 493 Promotores Sociales en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de que se desarrollaran las investigaciones pertinentes, sin poner en riesgo la adecuada ejecución del Programa.
Además, se hizo la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se iniciaron siete averiguaciones previas en contra de quienes resulten responsables.
En las investigaciones realizadas se encontró la incorporación irregular en beneficiarios, principalmente en los Estados de Veracruz y Tabasco.
Esas acciones pretendían confirmar que los recursos de ese y del resto de los programas de la Sedesol fueran destinados exclusivamente para los beneficiarios, y ejercidos con la mayor transparencia posible.
Paralelamente, se instruyó que se pusiera en marcha una nueva estrategia que permitiera evitar cualquier mal manejo del Programa de Pensión Para Adultos Mayores e impulsar el bienestar de más de 5.5 millones de mexicanos de 65 años y más que reciben ese beneficio.
Supuestamente, la verificación de los datos de cada uno de los beneficiarios sería casa por casa, en donde además se actualizarían los datos de manera digital y en tiempo real.
Las primeras seis denuncias penales son en contra de personal de la Sedesol en el Estado de México, Tabasco, Coahuila y Veracruz.
Mientras que la séptima fue por diversas irregularidades detectadas en otras Entidades, como el caso de Chiapas.
Esa averiguación previa está relacionada con el uso y destino de 19 millones de Pesos y tres mil 989 registros presuntamente falsos, en los que los promotores se habrían hecho pasar por beneficiarios para cobrar el dinero de la pensión. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
