Tapachula, Chiapas; 27 de marzo. – “En Tapachula hay una población flotante de alrededor de cien mil extranjeros indocumentados que han llegado con intenciones de quedarse y que rápidamente se están posesionando de la ciudad, con la complacencia de las propias autoridades”, sostuvo el presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, Manuel Márquez González.
En entrevista para este rotativo, indicó que esas personas que ingresaron de manera ilegal al país ahora han empezado a “colonizar” a Tapachula, ya que han empezado a rentar viviendas en fraccionamientos, colonias e incluso en asentamientos irregulares.
Como ejemplo dijo que, en fraccionamientos, como la Antorcha, El Carmen, Libertad, entre otros, los vecinos han denunciado que propietarios de pequeñas viviendas las están rentando hasta en 6 mil pesos mensuales a migrantes, sin expedir recibos fiscales ni contratos.
Esas tarifas son baratas para los inquilinos, ya que están metiendo más de 20 personas por vivienda, es decir, pagan alrededor de 30 pesos diarios.
“Esa situación está llevando el miedo y el terror a las colonias populares. La población teme salir de sus casas porque ve en esos grupos de migrantes la posibilidad de que se traten de personas con antecedentes penales o sencillamente desempleadas que buscarán cualquier forma de sobrevivir”, indicó.
Por eso, la agrupación colegiada al que representa exigió al gobierno federal aplicar lo que establece la ley en torno a los extranjeros que no pueden acreditar su legal estancia en el país.
“No se trata de xenofobia sino sencillamente acatar lo que establece nuestra constitución. Nuestras autoridades dicen que nadie puede estar por encima de la ley y por eso nosotros pedimos que no sea solamente un discurso político para amedrentar al pueblo, sino una disposición que realmente se aplique sin distingos”, abundó.
También dejó en claro que la detención y repatriación de los extranjeros que entraron ilegalmente a territorio nacional sea una violación a sus derechos humanos, sino que se trata de la aplicación de las normas que regulan la civilidad y la justicia en el país, tal y como ocurre en casi todo el mundo.
Advirtió que, independientemente de que muchos de esos migrantes pudieran estar participando en delitos, las masas que se están quedando a radicar en la ciudad ya empezaron a pedir derechos que ni a los propios mexicanos radicados en la frontera sur se les ha podido garantizar, como los servicios de salud, empleo, vivienda, educación y programas asistenciales.
Reconoció que, con los flujos migratorios, han llegado también miembros de bandas delictivas como la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, así como delincuentes que son buscados en sus naciones de origen por delitos como extorsión, secuestro, asalto a mano armada, homicidios, terrorismo, narcotráfico, robos y ataques sexuales.
Los migrantes que han sido detenidos en los últimos meses en la frontera sur por esos u otros actos delictivos, según Márquez, fortalecen la teoría de que el incremento en la seguridad está relacionado directamente con la llegada de los migrantes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
Incertidumbre en Colonias Ante Presencia de Migrantes: Abogados
