Eduardo Andrade Sánchez
(Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro)
En más de 50 años de practicar y ejercer el Derecho Constitucional, jamás vi una decisión tan monstruosamente antijurídica, como la que pretendió suspender un proceso de reforma constitucional a partir de la resolución de dos Jueces de Distrito.
Debo reconocer que como constitucionalista, albergaba serias dudas sobre la adopción de la elección popular de los juzgadores, pues efectivamente presenta inconvenientes. También me parecía que el tiempo para ponerla en práctica podría ser demasiado rápido. Igualmente, mi conocimiento del Derecho Constitucional me ha llevado a defender el derecho de una mayoría que en las urnas ganó pleno respaldo a sus propuestas, de incorporar estas al texto de la Carta Magna.
Hoy, al ver cómo quienes deben servir a la justicia llegan al extremo de emitir resoluciones violatorias de la Constitución; de suspender ilegalmente sus labores o recurrir a acciones delictivas como la toma de una caseta de peaje, cuya comisión debería apartarlos de manera definitiva de la carrera judicial, me convenzo plenamente de la necesidad de la reforma.
Otra razón que abona la necesidad de avanzar en esta reforma surge de plantearnos la siguiente interrogante: ¿Qué está detrás de la furibunda reacción de intereses extranjeros que influyen en las páginas de prestigiados periódicos de Estados Unidos, y generan intervenciones diplomáticas como las declaraciones injerencistas de los Embajadores de EU y Canadá, o propician el enjuiciamiento de nuestro sistema jurídico por parte de organizaciones que presumen de defender derechos humanos, como Human RightsWatch, que en lugar de indignarse por las violaciones masivas de derechos humanos en Gaza, vienen a entrometerse en una decisión que corresponde a la organización interna del Estado mexicano y a su derecho constitucional?
La única explicación es que esos intereses esperan que el Poder Judicial mexicano mantenga su orientación ideológica derechista que ha penetrado en las decisiones judiciales para inclinarse en favor de intereses proempresariales y adoptar prejuicios contrarios a la autoridad del Estado.
Es normal la existencia de un sustrato ideológico en toda decisión jurisdiccional cuando se constriñe a la prudente resolución de conflictos concretos entre partes en litigio, pero se convierte en un elemento desestabilizador cuando trasciende más allá de la función judicial en la medida en que los juzgadores se ocupan de asuntos que tienen que ver con políticas públicas correspondientes al Poder Ejecutivo o intentan sustituir la tarea legislativa.
En tales circunstancias, el peso de su ideología deforma la función del Estado y se identifica con intereses privados, en especial extranjeros. Ello explica esa exacerbada reacción contra una eventual determinación que solo compete a los órganos que ejercen la soberanía popular.
No existe una fórmula infalible y perfecta de impartir justicia. En todo el mundo es un problema de difícil solución y cada nación tiene una respuesta de acuerdo a sus propias necesidades.
En el caso de México, existe un propósito de reforma avalado por una abrumadora votación en su favor que, sin representar una panacea, puede ser el inicio de una transformación justificada más intensamente, en la medida en que se multiplican interesadas voces en su contra. Sun
