Ernestina Godoy Ramos
(Consejera Jurídica de la Presidencia)
Es un pozo muy profundo donde ha saciado su codicia la corrupción en nuestro país. No sorprende, pues, que a las corruptelas ya existentes de sexenios priistas anteriores a 1982, se sumaran los 36 años de política neoliberal impuesta al pueblo de México por élites políticas corruptas que imprimieron, con fuerza y profundidad inusitadas, el envilecimiento de la función pública en franca connivencia con el sector privado, o con amigos, parientes y compadres de todo tipo.
Fue tan poco lo que se hizo para combatirla, que invita a pensar que lo hecho fue sólo para crear la apariencia de combate a la corrupción. Vayan como muestra los organismos autónomos que, desde su creación, dejaron caudas de resoluciones en favor de los grandes intereses oligárquicos, financieros o políticos y muy poco a favor del pueblo en general.
Ejemplo de corrupción, también es el actual Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Constituido en 1972 a fin de garantizar el derecho a la vivienda, operó por 15 años otorgando crédito barato a su derechohabiencia. Sin embargo, a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración anterior, inexplicablemente entregó créditos en los que a pesar de que los prestatarios realizaban sus pagos, lejos de bajar, su deuda subía haciéndola impagable.
Como resultado de este diseño de financiamiento, al día de hoy la cartera del Instituto de 6.2 millones de créditos, tiene 4 millones en condición de incobrables. Aparte, en los últimos 10 años no se ha construido vivienda para las y los trabajadores de menores ingresos, por lo que actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes que pudiendo acceder a un crédito, no encuentran vivienda acorde con sus capacidades de pago.
En respuesta, el gobierno del presidente López Obrador, emprendió medidas que derivaron en el cambio del modelo de créditos impagables. Pero faltaba reformar la ley del Infonavit.
Por ello, la Presidenta de la República envió la semana pasada al Senado la iniciativa correspondiente que busca convertir al instituto en constructor y arrendador de viviendas, bajo una precisa vigilancia presupuestal y una administración transparente de los ahorros de las y los trabajadores, modificando la integración de sus órganos internos.
La presentación de la iniciativa obviamente generó una súbita reacción mediática negativa desinformando respecto a los beneficios de la ley, como la vivienda accesible para trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos generales y la opción de compra de viviendas arrendadas durante 10 años. Esto podría explicarse gracias a la amplia exposición que dio el ingeniero Octavio Romero, director del Infonavit, sobre la sostenida operación fraudulenta que se ha hecho del Instituto con «negocios» de gigantescas cuantías en beneficio de funcionarios, empresas, notarios y personas.
La reforma a la ley del Infonavit es indispensable para enfrentar la demanda de vivienda social con transparencia, control y probidad, erradicando toda corrupción y con un profundo impacto social.
La Ley ya fue aprobada por el Senado. Pero en la Cámara de Diputados se propuso discusión para enero toda vez que el sector empresarial pidió hacer un análisis más profundo en la materia… Sun
