Andrew Selee
(Presidente del Instituto de Políticas Migratorias)
En unos días el presidente Donald Trump cumple un año de gestión, y qué año más largo ha sido. Nunca antes en la historia reciente habíamos visto tantos giros en la política pública en tan corto tiempo, y el impacto en México no ha sido menor.
Por primera vez, la migración ha sido un tema central para una administración estadounidense, pero el enfoque ha sido únicamente de mayor control. De hecho, están construyendo una máquina de deportación gigantesca que marcará un cambio en la historia de los Estados Unidos y en las vidas de muchos migrantes mexicanos y de otras nacionalidades.
Para empezar, el Congreso estadounidense ha dotado a las agencias a cargo de control migratorio más de $120 mil millones de dólares durante 4 años para llevar a cabo su misión, lo cual les permite aumentar personal, comprar aviones, construir centros de detención y generar bases de datos como nunca antes.
Como hay poco movimiento en la frontera, la Patrulla Fronteriza está cada vez más activa dentro del país en apoyo a ICE, la agencia a cargo de deportaciones del interior. Y la agencia a cargo de visas, USCIS, está cada vez más empeñada en buscar fraudes, revisar las redes sociales de solicitantes y revocar visas de los que han cometido un crimen o participado en actividades que el gobierno considera en contra de sus intereses.
Pero además de eso, se está echando mano de otras partes del gobierno en este esfuerzo, sobre todo de los Departamentos de Estado y de Defensa. La diplomacia ahora prioriza el control migratorio, con acuerdos con más de 20 países para el regreso de migrantes a terceros países (incluyendo a México, aunque ese acuerdo viene de los tiempos del presidente Biden). Y las Fuerzas Armadas han prestado aviones para la deportación (aunque cada vez menos) y efectivos para el resguardo de la frontera y algunas tareas en apoyo a ICE en ciudades (cada vez más).
Dentro del gobierno federal, ICE está empezando a tener acceso a bases de datos, como el de los impuestos y de seguridad social (el sistema público de pensiones), lo cual permite obtener datos de los que podrían ser indocumentados. A largo plazo, esta interconexión de datos podría ser la pieza más importante en la máquina de deportación, ya que permite generar inteligencia sobre quiénes tienen documentos y quiénes no, y donde están ubicados.
Aunado a esto, se están coordinando fuertemente con los gobiernos estatales y locales en procesos de identificación y detención de indocumentados. Ya que ICE tiene pocos agentes (aún con la participación de elementos de la Patrulla Fronteriza y de algunas otras agencias, como la FBI y DEA), el involucramiento de policías locales en tareas de detenciones de migrantes indocumentados es clave para sus fines.
Hasta ahora, los números de deportaciones parecen seguir bajos, aunque sí van en aumento. Pero es muy probable que en 2026 empecemos a ver los efectos de la construcción de tal máquina de deportación, con cada vez más migrantes indocumentados en peligro de ser detectados, detenidos y deportados. A lo largo de la gestión de 4 años de Trump, quizás lleguen a encontrar solo una fracción de los 14 millones o más de los indocumentados en el país, pero sin duda será una cantidad importante.
La pregunta es si todo esto es sostenible. Las encuestas empiezan a reflejar cada vez más dudas en el público estadounidense sobre estos esfuerzos de deportación. Al inicio de la administración, la mayoría de los detenidos tenían antecedentes criminales, pero ahora sólo una tercera parte o menos los tiene, y el público es más escéptico con la deportación de migrantes sin nexos criminales.
Trump es un político hábil y muy sensible a los vaivenes de su base política. La máquina de deportación se ha construido según sus preferencias, ¿pero en algún momento tendrá que ponerle algunos límites para no perder la confianza del público?
@SeleeAndrew . Sun
