Empresarios Exigen Aplicación de la Ley a Migrantes que Cometan Delitos en Tapachula

* Inseguridad Afecta Actividad Económica Local.

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero del 2026.- Empresarios del sector de entretenimiento en Tapachula, solicitaron a las autoridades federales y estatales fortalecer los mecanismos de control y aplicación de la ley contra personas migrantes que incurran en delitos, sin criminalizar la migración ni vulnerar derechos humanos.
La propuesta central es clara: que quienes cometan ilícitos sean identificados, procesados conforme a derecho y, de ser procedente, impedidos de regularizar su estancia en el país.

Antonio Armas Hernández, presidente de la Asociación de Establecimientos de Entretenimiento de Tapachula (ASSET), subrayó que la mayoría de las personas en contexto de movilidad buscan empleo y condiciones dignas para sostener a sus familias; sin embargo, reconoció que existe un grupo reducido que participa en robos, asaltos, extorsiones u otras conductas delictivas, lo que impacta directamente en la seguridad y la actividad económica local.
“El planteamiento no es generalizar ni estigmatizar. Pedimos que, como ocurre con cualquier ciudadano mexicano, quien delinca sea fichado, investigado y sancionado. La ley debe aplicarse por igual”, afirmó.
En ese sentido, consideró necesario crear un registro de alertas para migrantes con antecedentes delictivos, a fin de evitar que obtengan beneficios migratorios sin antes enfrentar responsabilidades legales.
El dirigente empresarial destacó que el sector ha trabajado de forma coordinada con autoridades en temas sensibles como la prevención de la trata de personas y la seguridad, incluyendo capacitación y la instalación de sistemas de videovigilancia que han sido útiles para investigaciones.
No obstante, advirtió que el prolongado estancamiento de procesos de regularización ha generado condiciones de vulnerabilidad que, en algunos casos, derivan en conductas ilícitas.
Finalmente, Armas Hernández llamó a reforzar la presencia institucional y acelerar trámites migratorios, diferenciando con claridad entre quienes aportan a la economía local y quienes quebrantan la ley.
“Seguridad y derechos humanos no son opuestos; deben caminar juntos”, concluyó. EL ORBE/ JC