Tapachula, Chiapas, 25 de julio de 2026.— La profesora María del Rocío de Puerto Chan, presidenta nacional de indígenas, expresó su indignación por la situación de inseguridad y la falta de avances que, aseguró, enfrentan diversas víctimas ante la Fiscalía en Tapachula.
Con un llamado a las autoridades para atender los casos de homicidios, feminicidios, secuestros y desapariciones, la activista afirmó que existe un incremento de hechos violentos que afectan principalmente a mujeres, adolescentes y jóvenes, además de señalar que algunas personas podrían encontrarse privadas de su libertad injustamente.
La profesora aseguró que ella misma teme por su vida y la de sus hijos, debido a presuntas amenazas de muerte que, dijo, tiene documentadas. Asimismo, denunció que desde hace aproximadamente tres años mantiene diversas carpetas de investigación relacionadas con un presunto secuestro, robo, despojo y un caso de pensión alimenticia, sin que hasta el momento, afirmó, se hayan registrado avances sustanciales.
“Yo tengo 12 denuncias y no han hecho nada. No me han dejado presentar testigos ni pruebas”, señaló, al acusar presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de algunos ministerios públicos.
Entre los casos que mencionó se encuentra un presunto secuestro ocurrido en un hotel, así como el robo y despojo de bienes y propiedades. La profesora responsabilizó públicamente a diversas personas, aunque será la autoridad competente la que deberá investigar y determinar responsabilidades conforme a derecho.
Ante esta situación, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que se realice una auditoría a la Fiscalía y a los ministerios públicos, además de solicitar la intervención del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ante las denuncias de inseguridad y presunta falta de justicia.
María del Rocío de Puerto Chan afirmó que la inseguridad también genera afectaciones sociales y económicas, pues las familias viven con temor, las mujeres se sienten desprotegidas y la falta de respuesta institucional incrementa la desconfianza ciudadana.
La manifestación concluyó en las oficinas de la Fiscalía de Distrito Costa, donde los participantes fueron atendidos por personal de la institución y acordaron sostener una mesa de trabajo para dar seguimiento a sus demandas y exigir avances en las investigaciones.
Las acusaciones expresadas por la manifestante son señalamientos públicos y corresponderá a las autoridades competentes investigar y determinar responsabilidades. EL ORBE/ Mesa de Redacción.





