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Denuncia Presidenta Nacional de Indígenas Presunta Falta de Justicia y Corrupción en la Fiscalía de Tapachula

Tapachula, Chiapas, 25 de julio de 2026.— La profesora María del Rocío de Puerto Chan, presidenta nacional de indígenas, expresó su indignación por la situación de inseguridad y la falta de avances que, aseguró, enfrentan diversas víctimas ante la Fiscalía en Tapachula.
Con un llamado a las autoridades para atender los casos de homicidios, feminicidios, secuestros y desapariciones, la activista afirmó que existe un incremento de hechos violentos que afectan principalmente a mujeres, adolescentes y jóvenes, además de señalar que algunas personas podrían encontrarse privadas de su libertad injustamente.
La profesora aseguró que ella misma teme por su vida y la de sus hijos, debido a presuntas amenazas de muerte que, dijo, tiene documentadas. Asimismo, denunció que desde hace aproximadamente tres años mantiene diversas carpetas de investigación relacionadas con un presunto secuestro, robo, despojo y un caso de pensión alimenticia, sin que hasta el momento, afirmó, se hayan registrado avances sustanciales.
“Yo tengo 12 denuncias y no han hecho nada. No me han dejado presentar testigos ni pruebas”, señaló, al acusar presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de algunos ministerios públicos.
Entre los casos que mencionó se encuentra un presunto secuestro ocurrido en un hotel, así como el robo y despojo de bienes y propiedades. La profesora responsabilizó públicamente a diversas personas, aunque será la autoridad competente la que deberá investigar y determinar responsabilidades conforme a derecho.
Ante esta situación, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que se realice una auditoría a la Fiscalía y a los ministerios públicos, además de solicitar la intervención del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ante las denuncias de inseguridad y presunta falta de justicia.
María del Rocío de Puerto Chan afirmó que la inseguridad también genera afectaciones sociales y económicas, pues las familias viven con temor, las mujeres se sienten desprotegidas y la falta de respuesta institucional incrementa la desconfianza ciudadana.
La manifestación concluyó en las oficinas de la Fiscalía de Distrito Costa, donde los participantes fueron atendidos por personal de la institución y acordaron sostener una mesa de trabajo para dar seguimiento a sus demandas y exigir avances en las investigaciones.
Las acusaciones expresadas por la manifestante son señalamientos públicos y corresponderá a las autoridades competentes investigar y determinar responsabilidades. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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