1er. Informe de la 4T (III): Siempre la Economía Social
Carlos Ramírez
La clave de la 4T (o 3.6T) no radica en la seguridad ni en la corrupción, sino en la economía y sus efectos sociales: si el PIB promedio sexenal no rompe el techo desestabilizador de 2.5%, entonces la falta de empleo productivo, la escasa repartición de la riqueza y la presión demográfica repetirán el fracaso de sexenios anteriores.
Los primeros nueves meses de Gobierno han fijado los primeros indicios del modelo económico del país: el regreso del Estado rector y regulador de la producción y no el Estado intervencionista directo a la producción con empresas paraestatales que desplacen a empresas privadas, pero falta por convencer a la empresa privada que su función es crear riqueza y no determinar el rumbo político del régimen.
El modelo de Estado de la propuesta de López Obrador se complementa con un regreso al esquema del presidente Miguel Alemán en su reforma al artículo 3° constitucional, el 30 de Diciembre de 1946, donde definió la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Es decir, la democracia no era el objetivo de las élites gobernantes priistas salidas de una revolución armada, sino que esa democracia quedaba en segundo lugar ante la prioridad de garantizar el bienestar social. Por eso, la legitimidad del PRI duró hasta que la crisis 1973-1982 disminuyó el bienestar social y los mexicanos comenzaron a votar por otros partidos.
El planteamiento oximorónico democracia-bienestar no pudo sostenerse en el ciclo neoliberal 1983-2019 porque el PIB se estancó en 2% con crecimiento de la pobreza y el Estado se desentendió de las políticas sociales en aras de la estabilidad macroeconómica. A cambio, el sistema priista fue cediendo espacios democráticos a la sociedad, aunque esa democracia potenció a la oposición antipriista y, de manera paradójica, la democratización llevó a la sociedad a votar por la oposición en tres ocasiones: 2000, 2006 y 2018.
La clave de la larga campaña presidencial 2006-2018 de López Obrador fue justamente el bienestar de las mayorías, no la democracia. Por eso su principal compromiso se localiza en el binomio PIB-distribución de la riqueza. Por eso López Obrador parece basar su proyecto en dos ofertas: una política controlada por la clase gobernante y una economía dinamizada por el sector privado, ambas con un Estado garante de los límites de las nuevas funciones.
Los primeros nueve meses de Gobierno lopezobradorista han revelado que el camino no será de regreso del Estado populista que sustituya a la empresa privada, pero le está costando trabajo político convencer a los empresarios que su deber es invertir y tener utilidades y no convertirse en el eje dinamizador del Estado y del régimen político.
En todo caso, al modelo lopezobradorista le falta un verdadero plan de desarrollo, la definición de un nuevo modelo de desarrollo y la utilización del gasto público como el detonador de la actividad empresarial productiva. El Estado regulador-estabilizador-rector podría ser el modelo de estatalidad -rectoría sin intervención en la producción- que definió Francis Fukuyama a partir del Banco Mundial después del colapso comunista y que le dio funciones de fijación de objetivos de desarrollo.
El problema radica en que el planteamiento de López Obrador -Estado promotor de la inversión privada, gasto público a sectores vulnerables y régimen político bajo control del Estado- carece de una operación estratégica, se basa en el carisma personal del líder refrendado todos los días y no tiene un verdadero plan de desarrollo de largo plazo.
El primer corte de caja es negativo: la inversión privada no fluye por decisión política empresarial que quiere poder político, la inversión pública está escasa por el control inflacionario neoliberal, por el lado de la demanda, y apenas alcanza para reasignar presupuesto a programas sociales improductivos y el efecto se nota en la relación demanda agregada negativa-PIB decreciente.
El PND redactado en el despacho presidencial de Palacio Nacional perdió la oportunidad de fijar el marco económico de la propuesta de López Obrador y se enfocó al planteamiento político de un modelo posneoliberal que no aparece procesado de manera programática en ningún documento oficial. Por tanto, el proyecto presidencial sabe qué no quiere, pero no tiene un modelo programático para definir lo que sí quiere.
Las crisis políticas y sociales de México, a lo largo de las diferentes fases de la 3T 1917-2018, han sido políticas con motivaciones económicas por pobreza social. Cuando los Gobiernos han dejado de crear bienestar social general, la sociedad, temprano o tarde, con gobiernos populistas o neoliberales, se transforma en un electorado crítico opositor al grupo gobernante en turno.
Política para dummies: La política es la habilidad para convertir las relaciones de poder, de clase y de producción en bienestar social con estabilidad económica.
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