El 68 (7). El ejército, víctima propiciatoria de sistema-PRI
Carlos Ramírez
Aun en el supuesto caso de que efectivos militares hayan actuado en el 68 como dicen las acusaciones más radicales, el hecho real fue que las fuerzas armadas nunca decidieron/operaron por sí mismas y siempre lo hicieron obedeciendo institucionalmente instrucciones superiores civiles.
Por tanto, los militares también deben ser asumidos como víctimas de las razones, mecanismos y decisiones tomadas por el presidente de la república (Gustavo Díaz Ordaz), el secretario de Gobernación (Luis Echeverría), el secretario de la Presidencia (Emilio Martínez Manautou), el jefe del Departamento del Distrito Federal (Alfonso Corona del Rosal) y el director de la Federal de Seguridad (Fernando Gutiérrez Barrios). De haberse negado a cumplir las órdenes civiles, los militares –jefes, oficiales y tropas– hubieran caído en situación de insubordinación castigada por las leyes.
Ahí tiene toda la razón el presidente electo al señalar que nunca ordenará a los militares reprimir. En el largo periodo 1941-1968, los militares fueron usados como fuerza antimotines civiles sin que existieran condiciones legales de rebelión o de emergencia en seguridad interior. La utilización del ejército contra protestas civiles radicales en las calles (no la guerrilla) violó la Constitución porque en el 68 no hubo situaciones de seguridad nacional ni circunstancias de seguridad interior.
El gobierno civil en 1968 debería ser juzgado aún por el uso de la fuerza militar contra la población civil disidente. Ante demandas democratizadoras sociales contra el sistema autoritario del PRI, los gobiernos priístas y la oposición leal usaron al ejército contra civiles, ante la carencia de algún cuerpo especial antimotines: un recuento de Raúl Jardón destaca el uso de militares en huelga de una cooperativa de vestidos en 1941, en 1956 López Mateos contra el Politécnico, en 1959 López Mateos contra ferrocarrileros, en 1962 contra Jaramillo, en 1960-1962 contra movimiento cívico en Guerrero, en 1966 contra la Universidad Nicolaíta y en 1967 contra la Universidad de Sinaloa.
En todos esos casos el ejército fue utilizado sin cumplir con la Constitución. Y lo hicieron gobiernos constitucionales ante su incapacidad política para lidiar contra las movilizaciones sociales con demandas democráticas.
El huevo de la serpiente lo incubó el general Lázaro Cárdenas en 1938 cuando transformó el Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana y le colocó cuatro pilares corporativos como columnas del partido del gobierno y del Estado: obreros, campesinos, grupos populares y militares. En ese momento Cárdenas convirtió al ejército en el sector castrense del partido del Estado, el PRM. Ávila Camacho corrigió ese despropósito y despareció el sector militar, pero el daño ya estaba hecho.
Todas las protestas sociales que tuvieron que enfrentar al ejército fueron motivadas por razones políticas contra autoritarismo del gobierno, defensa de intereses del PRI y negativas del sistema-PRI a abrir cauces democráticos de participación. Las primeras protestas del 68 fueron contra el abuso de autoridad de los granaderos y el presidente Díaz Ordaz, el único que podía autorizar el uso de militares, dio la orden de escalar la respuesta autoritaria sacando a los soldados contra las protestas estudiantiles.
La mentalidad autoritaria de Díaz Ordaz y el juego de la sucesión presidencial de 1970 que había comenzado después de las elecciones federales de 1967, con un congreso senatorial de 100% de curules al PRI y 85% de diputados y edad mínima para votar de 21 años o de 18-21 si estaban casados por lo civil. A pesar de su dominio total del sistema político, al PRI de Díaz Ordaz le faltó sensibilidad democrática: toda disidencia fue aplastada en nombre del Estado total y totalizador, una mentalidad dictatorial fascistoide tipo Carl Schmitt.
Después del 68, los militares fueron las víctimas propiciatorias del poder civil que los usó por abuso de fuerza o por miedos sociales. Pero en la realidad política, los responsables del 68 fueron los políticos y funcionarios que ordenaron y mantuvieron a los militares contra la población civil que demandaba democracia. Sobre los civiles que ordenaron el uso de la fuerza militar y los que supervisaron la represión debería caer el juicio de algún tribunal especial por crímenes de lesa humanidad.
Y a los militares les queda una ley de seguridad interior que establezca órdenes civiles por escrito para deslindar responsabilidades.
Política para dummies: La política bien entendida es la ética de la responsabilidad, no el reparto de culpas propias.
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