Neldy San Martín
En el sexenio pasado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) enfrentó resistencias y obstáculos. En este Gobierno su destino no es distinto.
Apenas el jueves 11 el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el SNA por considerarlo burocrático y costoso.
“Este instituto anticorrupción iba a tener salas regionales en todo el país, más la sala central; estamos hablando como de 300 cargos, ¡imagínense, cuánto cuesta!”, expresó López Obrador en su conferencia matutina.
Dijo que propondrá que sólo tenga una sala nacional en lugar de cinco salas regionales adscritas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Lo cierto es que este año apenas representó 0.11% del presupuesto federal y el SNA está incompleto desde el sexenio pasado, pues están pendientes en el Senado los nombramientos de 18 magistrados que integrarán las salas especializadas para faltas administrativas y dos nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA.
En entrevista, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Rosa María Cruz Lesbros, explica que el presidente se equivoca al señalar que “es un instituto” o que se buscar generar una nueva “institución”, pues se trata de todo un “sistema que busca resolver un fenómeno sistémico”.
“No se hace una nueva institución, lo que se hace es coordinar las que ya están”, comenta Cruz Lesbros.
Se refiere a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyos titulares integran el Comité Coordinador del SNA más el Comité de Participación Ciudadana, que lo preside.
“Hay otra confusión del Ejecutivo federal: dice que el Sistema tiene 300 plazas, pero no tiene 300 plazas, ni siquiera estoy segura que sea ese número, pero esas plazas son para la creación de las salas especializadas para juzgar casos de corrupción que dependen del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y ahí el Ejecutivo federal y el Senado están en falta”, responde.
El SNA surgió en respuesta a la corrupción rampante en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la exigencia de organizaciones de la sociedad civil de que los aspirantes y funcionarios hicieran públicas tres declaraciones: patrimonial, de intereses y de impuestos, llamada Ley “3de3” que evolucionó a una serie de reformas constitucionales que crearon el sistema en 2015.
Cruz Lesbros se muestra sorprendida de las declaraciones de López Obrador, pues el Comité de Participación Ciudadana ha estado trabajando con la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval.
“Ha estado participando, ha estado sumando y se podrán hacer todo tipo de declaraciones, pero la SFP ha estado trabajando en el sistema”, asegura.
En la cuarta reunión del Pleno del Comité Coordinador del año pasado Sandoval admitió que se aprobaran las modificaciones que propuso de los formatos de la declaración patrimonial de los servidores públicos. Estos cambios implicaron que ya no sean públicos en la declaración los bienes compartidos con cónyuges, como era anteriormente.
Esto le permitió a Sandoval declarar sólo una casa que le fue cedida en 2007, mientras que en su declaración pasada, de 2019, había reportado dos casas más y tres departamentos. Proceso
