Alejandro Gutiérrez
A diferencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien allanó su extradición a México con la promesa de revelar datos sobre la corrupción del Gobierno de Enrique Peña Nieto, el empresario Alonso Ancira Elizondo, uno de los coacusados en la compraventa de la planta de Agronitrogenados, baraja todas las posibilidades jurídicas para evitar su extradición.
Una de sus últimas cartas aquí es el “recurso de súplica” (así se llama a esta controversia en el sistema español), mediante el que cual pide que se revoque la resolución de la Sala Penal Sección Primera de la Audiencia Nacional del 27 de Mayo pasado que da luz verde a su entrega a México.
Ancira Elizondo se presenta ante el tribunal español como víctima de una “persecución política” emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como se dice ser objeto de un presunto “daño colateral” en la guerra del Ejecutivo mexicano contra sus antecesores.
Este es parte del extenso alegato que, mediante su abogado Manuel Ollé, presentó Ancira con fecha 15 de Julio de 2020 a la Sala de lo Penal Sección Primera, instancia a la que pide elevar su caso al Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para que la extradición a México se declare “improcedente” y se anule debido a las “violaciones a los derechos fundamentales” del defendido.
Fuentes jurídicas en España confirmaron la presentación del recurso -del cual Proceso obtuvo una copia- que aún no se resuelve.
En caso de ser extraditado, Ancira cuenta con una suspensión contra la orden de aprehensión y su ejecución, lo que le permitiría no pisar la cárcel, según la suspensión dictada el 20 de Junio de 2019 por Rosa María Cervantes Mejía, jueza décimo segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
El 6 de Agosto de 2019 el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal confirmó el incidente de suspensión cuando el reclamado llegue a territorio mexicano de manera voluntaria o extraditado.
Esto, a pesar de que el pasado 21 de Julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el pedido de atracción que solicitó el inculpado, para que estudiara el amparo que interpuso contra la orden de aprehensión en su contra por el presunto caso de corrupción en el que se le relaciona con Lozoya Austin, según confirmaron fuentes jurídicas en México.
Acosado.
Pese a esas contingencias en España, la semana pasada el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA) fue vinculado a proceso por un Juez en la Ciudad de México, por lo que la Fiscalía General de la República prepara la extradición del empresario coahuilense.
A su vez, el presidente López Obrador informó que los nuevos dueños de AHMSA -Grupo Villacero- están dispuestos a devolver 200 millones de Dólares por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, que provocó una de las dos órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira, el llamado Rey del Acero.
Según las instancias investigadoras en México, el empresario coahuilense mantiene estrechos vínculos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien durante la administración de Enrique Peña Nieto supo aprovechar sus influencias para vertebrar algunos de los negocios más controvertidos en Pemex. Y lo hizo durante los periodos de Lozoya y José Antonio González Anaya -su concuño, pues está casado con Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula, la segunda esposa del Expresidente- al frente de la paraestatal.
Salinas de Gortari es quizá el mayor adversario político del presidente López Obrador, quien lo saca a colación a la menor oportunidad. Hasta ahora, el mandatario ha mantenido un bajo perfil y no ha respondido a ninguna de las alusiones.
Los Malsanos Negocios.
En Diciembre de 1991 Alonso Ancira y Xavier D. Autrey Maza tomaron el control de AHMSA en el proceso de privatización realizado por el Gobierno de Salinas de Gortari. A través del Grupo Acerero del Norte, ambos empresarios consentidos del salinismo adquirieron la compañía en una subasta y pagaron 141 millones de Dólares, muy por debajo de su valor.
AHMSA se convirtió en una de las mayores productoras nacionales de acero. Sin embargo, en mayo de 1999 la empresa se declaró en suspensión de pagos, lo que permitió a sus dueños, mediante recovecos legales, cancelar el pago de intereses y del capital de una deuda millonaria.
El Gobierno de Vicente Fox salió en auxilio de los empresarios y rescató AHMSA, cuya deuda había escalado a tres mil millones de Dólares, lo que ponía en entredicho sus capacidades al frente del emporio acerero. Ancira y Autrey permanecieron prófugos. Entonces como ahora, Ancira se dijo “perseguido” por el Gobierno (Proceso 1434). Apro
