Horacio Jiménez y Antonio López
En el marco de una reforma hacendaria, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados delineó una serie de propuestas para una reforma al Sistema de Pensiones en México y sugirió aumentar la edad de retiro, que actualmente es de 65 años, y reducir las oportunidades que tienen los trabajadores para acceder a los fondos ahorrados en las Afores antes de su jubilación.
«Para evitar la pobreza en la vejez se propone: incrementar la edad efectiva de retiro, relacionar la edad de jubilación obligatoria a los incrementos en la esperanza de vida, seguir restringiendo los esquemas de retiro anticipado y aumentar el periodo de cotización requerido para obtener una pensión completa en el viejo esquema del sector público», define una propuesta del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de San Lázaro.
Esta propuesta fue retomada en un borrador al que tuvo acceso EL UNIVERSAL del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, encabezado por el diputado federal de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, y que será sometido a consulta la siguiente semana para acceder al documento final.
En este documento de trabajo, que servirá para dejarlo a los integrantes de la 65 Legislatura, el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria propone fomentar una cultura del ahorro voluntario para el retiro dentro y fuera del sistema de pensiones. Sugieren que el Gobierno Federal ofrezca beneficios fiscales preferentes e iguales a todas las opciones de ahorro como los planes de pensiones privados.
Piden integrar todos los sistemas de ahorro para el retiro que existen en un solo régimen público integral, que a su vez se aglutine a una estructura de seguridad social a construir gradualmente.
En el documento de 41 cuartillas explican que la crisis provocada por el Covid-19 ha ocasionado una reducción de las contribuciones a las pensiones y un menor rendimiento de las inversiones en pensiones, lo cual indudablemente viene a empeorar la situación de pensiones a mediano y largo plazos.
«Por lo mismo es fundamental la construcción de un sistema de pensiones sólido que se oriente a resolver los problemas aún presentes, atendiendo en especial las desigualdades entre los diferentes subsistemas y que garantice la sostenibilidad financiera. Así se aseguraría un nivel digno para la población de edad mayor y combatiendo fuertemente la pobreza en la vejez», define una de las conclusiones.
«Es importante resaltar el alto grado de presión que significan las pensiones para el gasto público, que no ha permitido la liberación del espacio fiscal federal para la implementación de otras políticas sociales y económicas dirigidas hacia las generaciones futuras. Esta presión ante falta de medidas continuará sus tendencias crecientes hacia 2050 o más, dependiendo de la institución», describen.
«Es importante tener en cuenta las implicaciones que resultan de los aumentos en el gasto en pensiones; por ejemplo, dejar de invertir en capital humano debido a recortes en presupuestos de salud y educación, así como dejar de invertir, ya sea productiva o socialmente, en infraestructura. Lo anterior significa que debemos cuestionar si gastar cada vez más en las pensiones es sostenible en el largo plazo», agregan.
Diagnóstico.
En el documento se menciona el texto «Requerimientos de gasto», donde se explica que el país tiene un serio problema de finanzas públicas, debido a que los ingresos tributarios alcanzan apenas a cubrir los gastos ineludibles del Gobierno Federal. Por ello, el déficit en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) generalmente es cubierto con ingresos extraordinarios del petróleo o con endeudamiento.
Agrega que en los gastos ineludibles del Gobierno Federal se encuentran las pensiones. El presupuesto aprobado en 2021 para las pensiones contributivas es de mil 64 millones 88 mil Pesos, lo que representa 16.9% del gasto total, y de cada 100 Pesos del gasto programable, 23 Pesos se gastarán en pensiones. Sun
