viernes, marzo 29, 2024
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ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”(Andrés Manuel López Obrador)

¿Será Cierto?

Habitantes de la costa chiapaneca esperan que las administraciones municipales que culminaron a fines de septiembre de este año sean investigadas por la Auditoría Superior del Estado de Chiapas y el mismo Congreso Local; evitando el consabido ‘borrón y cuenta nueva’, sobre todo, entre quienes manejaron a su antojo y bajo las sospecha de la corrupción las finanzas públicas.
Victoria Aurelia Guzmán Reyes, exalcaldesa del pueblo viejo de Huehuetán, desde el principio de su gobierno se puso en el ‘ojo del huracán’ al ser denunciada por casi su cabildo en pleno, conformado por el exsindico José Antonio Guzmán Díaz, así como los regidores: Dionisio Velázquez López, Amable Hernández Rivera, José Alfredo Sandoval Rincón, Mariana Ríos Santos y Elva de Jesús Ibarra Citalán, quienes acusaron a la Presidente Municipal huehueteca por presuntos actos de corrupción y responsabilidad administrativa.
Esta denuncia que el cabildo huehueteco llevó en el 2020 ante José Uriel Estrada Martínez, Auditor Superior del Estado de Chiapas, lo hicieron público en diversos medios de comunicación, donde aseguraba que Guzmán Reyes se negaba a tomarlos en cuenta al realizar las reuniones del cabildo, que además tampoco les informaba o rendía cuentas de los gastos realizados en la contratación de la obra pública, al parecer únicamente Saúl Guzmán Reyes, hermano de la alcaldesa tenía voz y voto, sin pertenecer al ayuntamiento llevaba las riendas de la administración municipal, apuntaron.
Ante esta situación irregular el exsindico municipal José Antonio Guzmán Díaz, en un escrito dirigido al Auditor Superior del Estado de Chiapas (copia de lo cual tiene en su poder este rotativo) asegura que desde el mes de abril del 2020 los integrantes del cabildo, con excepción de las regidores Guadalupe López López, Glesiser Rodríguez Rodríguez e Hilda Reyes Rodríguez, firmaron la cuenta pública, el resto de negó a firmar la cuenta pública, así como los documentos comprobatorios y justificativos del ejercicio municipal.
Los quejosos señalaron en su escrito y ante la opinión pública (según grabaciones y videos en poder de los medios) que sus denuncias eran para dar a conocer el presunto mal manejo que estaba haciendo Victoria Aurelia Guzmán Reyes de la autoridad conferida, así como de los recursos económicos que recibían por los gobiernos federal y estatal.
Explicaron que estas irregularidades se traducían en las compras, adquisiciones, contrataciones diversas que eran directas y al parecer no se licitaban, mucho menos se levantaban las debidas actas correspondientes en cabildo, por lo que nunca supieron qué se hacía con los recursos públicos, amén que tampoco nunca se discutió el costo de alguna obra, ni supieron que constructoras fueron las contratadas, por lo que consideraron que aquella actitud de su alcaldesa tenía un fuerte olor a presuntos actos de corrupción.
En el punto quinto de su escrito enviado al Auditor Superior del Estado de Chiapas, los quejosos argumentaron que al parecer los asesores de la entonces Presidenta Municipal eran: Bersaín Flores Rincón, Juan Hernández Gómez (esposo de Nelva Guzmán Reyes expresidenta del DIF Municipal y hermana de la alcaldesa) y Didier Marroquín.
Los quejosos mencionan claramente en su denuncia, que estas irregularidades las dieron a conocer en el Congreso chiapaneco, así como al auditor del ASE, señalando entre otras cosas, que la exalcaldesa Victoria Aurelia Guzmán Reyes, presuntamente otorgó once obras a la empresa constructora ‘El Cincel y el Martillo S.A. de C.V., pagándole 23 millones 311 mil 607 pesos con 93 centavos.
Añadieron que en la escritura pública número 12604 expedida por el notario número 35, Elezier Ozuna Borraz, con domicilio en la ciudad de Huixtla Chiapas, se dio fe de la creación de la constructora ‘El Cincel y el Martillo’ creada en el mes de marzo del 2019, poco después de que la edil tomara posesión de la administración huehueteca, al parecer esa empresa constructora aparecía a nombre o como propiedad Yuridia Hernández Sánchez, sobrina de la exalcaldesa de Huehuetán, entre otros parientes.
Dijeron los denunciantes que el nepotismo se practicaba abiertamente en la administración de Guzmán Reyes, en donde solamente ‘tronaban los chicharrones’ del hermano de ésta, Saúl Guzmán Reyes; agregaron en su escrito de denuncia que habían adjuntando a éste para entregárselo al Auditor Superior del Estado, diez documentos más de denuncias realizadas en contra del Tesorero municipal, del Secretario de Obras Públicas y en contra del regidor Mariano Ríos Santos.
Especificaron que otra de las obras que bailó en la sospecha de su mala calidad fue la construcción del comedor en San José El Amate, aportando como pruebas archivos de audios de las pocas reuniones de cabildo que lograron entrar por la fuerza los días 22, 29 de mayo y 20 de julio del 2020.
Finalmente, los integrantes del cabildo huehueteco solicitaron que se realizara una auditoría conforme a los hechos denunciados, por los presuntos delitos de desvío de recursos públicos, irregularidades en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, otorgamientos de permisos, licencias y concesiones, entre otros, que pudieran causar daños y perjuicios a la hacienda pública federal, estatal y municipal, argumentaron los denunciantes. Hasta ahora, como el ‘monje loco’; nadie sabe, nadie supo.
En otro tema, la Organización Mundial de la Salud advierte que existen rebrotes del Covid en México, que por esa alta trasmisión estamos muy lejos de haber ‘domado la pandemia’; estas olas pudieran durar hasta marzo del 2022, declaró el dirigente de la OMS.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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