Raúl Rodríguez Cortés
La sana práctica de someter a revocación de mandato a un gobierno, promovida por AMLO a nivel federal mediante una reforma constitucional, se encamina a ser pervertida por la propia 4T y la oposición, animados ambos por sus intereses electorales, en medio de la adelantadísima sucesión presidencial.
Todo cuanto se ha hecho para llevarla a buen puerto en marzo del año próximo, ha sido motivo de polémica y de confrontación.
Primero fue la fecha de su eventual realización. AMLO prometió como candidato celebrar esa consulta cada dos años. Ya aprobada la reforma constitucional, Morena y el gobierno de López Obrador plantearon su realización una vez, a mitad de sexenio, y que para abatir gastos en el contexto de la austeridad republicana se llevara a cabo el mismo día de la elección federal intermedia del 6 de junio pasado. La propuesta fue tajantemente rechazada por la oposición.
Ante la falta de la ley reglamentaria y ya con los tiempos encima, el INE elaboró un reglamento. De él derivó que la recolección de las firmas para convocarla se haría mediante un mecanismo electrónico, lo que impugnó Morena. La oposición, por su parte, exigió que, en el fraseo de la pregunta a consultar, se incluyera el término «pérdida de confianza», lo que incomodó a la 4T que simplemente consideraba preguntar si el Presidente debía o no continuar al frente del Ejecutivo.
Finalmente se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato (la reglamentaria) en la que la pregunta es: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?, con estas posibles respuestas: «Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza» o «Que siga en la Presidencia de la República».
Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE que las firmas para la consulta revocatoria se recabaran mediante aplicación móvil, pero también en papel, lo que viene a complicar al instituto electoral el cumplimiento de ese requisito con los tiempos tan cerrados.
¿Cómo recabar firmas para revocar por pérdida de confianza, cuando la aceptación presidencial raya en el 64 por ciento? El proceso ha iniciado y tienen que ser 2.7 millones las firmas requeridas ¿Se conseguirán en un plazo que vence el próximo 15 de diciembre?
Y más aún: ¿participarán los 36 millones de electores (40 por ciento de la lista nominal) para que el resultado sea vinculante (de aplicación obligatoria)?. AMLO ha dicho que acatará el resultado, aunque no se obtenga el mínimo de participación exigido por ley.
Por si algo faltara, ha surgido otro elemento que pone en riesgo la consulta. El proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 (cuya aprobación deberá ocurrir por ley a más tardar el próximo domingo, reduce los gastos del INE en cuatro mil 900 millones de pesos, cuando el gasto estimado para la revocación de mandato es de tres mil 800 millones de pesos.
Surgen varias preguntas: ¿Podrá el INE organizar la consulta con el reducido presupuesto que se plantea otorgarle? ¿Existe la intención desde la 4T de ponerle al INE todos los obstáculos para que no pueda realizarla? ¿Si no la hace el INE, quien la hará?
Lo que ven desde el bloque opositor es la intención de ahorcar al instituto electoral, culparlo de que la gente no acuda a la consulta y finalmente sacrificarlo.
Por donde se vea es la perversión de una sana práctica de democracia directa. Sun
